Cuando los motores de guerra cruzan la línea invisible que separa a un pueblo del otro, el aire se vuelve plomo y la historia se empaña con sangre fresca.
La mayor potencia militar del mundo ha desatado la tormenta sobre un país latinoamericano, y su trueno no trae libertad: trae ruinas, cadáveres, niños con mirada de siglo viejo y un presidente arrancado del mapa, secuestrado bajo el rótulo de “justicia internacional”.
Las bombas no distinguen ideología, como tampoco la muerte pregunta por filiaciones políticas. En las calles asfixiadas de un país que arde, las palabras “seguridad” y “democracia” saben a ceniza.
Nada justifica que una nación, por poderosa que se crea, imponga su ley con fuego y metralla. Nadie tiene el derecho de jugar a dios sobre la soberanía ajena. La guerra, en cualquiera de sus disfraces, es un crimen contra la humanidad y contra el alma.
Esto no tiene que ver con simpatías ni credos políticos. Se trata del derecho elemental de un pueblo a definir su destino sin la intervención de otro, porque ya no estamos en la época del imperio romano. Quien aplaude este atropello abre la puerta para que, mañana, los mismos ejércitos toquen el timbre de su Patria, en nombre de otra “causa justa”.
La guerra no tiene héroes; solo fantasmas, y los pueblos que callan frente al rugido de los cañones terminan hablando el idioma del conquistador.
Hoy es Venezuela, pero el eco de las bombas resuena en todos los corazones libres del planeta, ante este alarde de prepotencia. No hay neutralidad posible frente al crimen, ni equilibrio entre la víctima y su agresor. Si el mundo tolera que un país sea doblegado por la fuerza, habrá renunciado a su humanidad.
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