¡Casi convulsiono! Confieso que no es una afirmación exagerada. Sentí vergüenza ajena y quise morir cuando Orestes Llames Mestre, Coordinador de Fiscalización, Control e Higiene del Gobierno de La Habana, hizo público –en reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a la pandemia, en la capital- que en inspección a El Cochinito habían detectado que los dependientes del punto de venta de cerveza dispensada, usaban una y otra vez los vasos sin siquiera enjugarlos.
Y por la mala actuación de quienes deberían exhibir mayor compromiso y defender la muy cimentada reputación de uno de los renombrados restaurantes cubanos, pudiera derrumbarse un mito de la gastronomía criolla, luego del reciente, esperado y aplaudido, reencuentro con sus numerosos asiduos, tras una reparación capital que rescató y sumó nuevos atractivos, y que debe haber costado unos cuantos pesos.
Pero lo más triste de todo es que la impúdica práctica no es única. Yo mismo fui testigo de cómo un “granizadero”, estratégicamente ubicado en una parada, se auxiliaba de los “favores” de una señora, que sin mucho recato, le recogía los vasitos DESECHABLES, botados por los sedientos clientes, después de consumir el producto.
No es menester tener mucha imaginación para adivinar cuál era el propósito del aparentemente voluntario apoyo socialmente útil, ni el destino final de los recipientes.
Quienes actúan con tamaña desfachatez no pueden hacernos creer que no tienen conciencia del peligro que entraña su falta de higiene, sobre todo ahora en tiempos en que la COVID-19 aprovecha cualquier descuido para cebarse.
Una existencia equilibrada y armoniosa exige el respeto de algunos principios que son inviolables: La urgencia de ganar dinero no puede tener mayor prioridad que el respeto al derecho de los demás, máxime si implica poner en peligro la salud o la vida; los administradores no pueden acomodarse a que un inspector llegue a hacerles lo que a ellos toca, y estos últimos, en estrecha cooperación con los integrantes de todos los cuerpos del orden, deben, entre otras cosas, velar para que salir a la calle a comer o beberse unas cervezas o un granizado, no se conviertan en un acto suicida.
Como dijera Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Comité Provincial del Partido, en la reunión citada al inicio del texto: Frente a tales manifestaciones, el enfrentamiento no debe quedarse en una simple multa, por cuantiosa que sea, se impone iniciar un proceso judicial por propagación de epidemia.
Y yo añadiría, la imposibilidad de volver trabajar en el sector, en el caso de los empleados, ya sean estatales o de un negocio privado; y la supresión de la licencia, cuando se trate de un cuentapropia.
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Con botar a todos los irresponsables se resuelve el problema, empezando por los administrativos, pero bien expulsados, no enviándolo al “Mandarín” a cumplir sanción.