El olor de caña santa invade el entorno y la mujer, con varios vasitos y una jarra, invita a tomar la infusión caliente. Estamos en Alamar, sentados en el portal de la oficina del registro civil de La Habana del Este. Puedo escuchar una conversación relacionada con los documentos que alguien solicita. Nadie grita, ninguno conversa por un celular y eso llama la atención de esta periodista, pues es raro llegar a un lugar donde quienes esperan no reprochen ser víctimas de algún tipo de mala atención. Se respira armonía.

Con calma y educación una anciana es atendida por la abogada, quien le explica los datos a aportar para solicitar, en este caso, un acta de defunción. Pero como en todo hay un “pero”, (aquí) los documentos no se entregan siempre en la fecha señalada, porque las registradoras no viven en el municipio y el registro civil depende de la “ayuda” del gobierno municipal, para buscarlas en sus casas.

Por ejemplo, dos meses antes solicité documentos que aún no estaban firmados. Pedí nombre y teléfono del director, quien sonriendo confirmó que algunas registradoras vivían cerca de ese centro laboral. Después de esa conversación, fueron firmados todos los documentos retrasados.

Con respecto a las distancias, algo parecido sucedió en la dirección municipal de trabajo y seguridad social donde, a las diez y treinta de la mañana, la directora no había llegado porque a veces la moto no tiene gasolina para recogerla en Cojímar y debe ir caminando.

Si en medio de la lucha contra la COVID-19, alguien decide inscribir a los recién nacidos o emitir acta de defunción para agilizar las pensiones a viudas solas o con hijos, ¿por qué no asegurar el transporte a quienes garantizan este servicio a la población?