La aprobación de la Ley Helms-Burton en 1996 no representó una mera actualización del bloqueo, sino la consolidación jurídica de una estrategia histórica de asfixia económica diseñada por Estados Unidos para forzar un cambio de régimen en Cuba.
Si bien el pretexto oficial fue proteger propiedades confiscadas, el verdadero objetivo trascendía lo comercial.
Al "codificar" el embargo como política de Estado, la ley eliminó la capacidad del poder ejecutivo para flexibilizar sanciones, atando las manos de futuras administraciones y garantizando la continuidad de la presión máxima.
Este armazón legal buscaba aislar internacionalmente a Cuba, penalizando a cualquier empresa extranjera que invirtiera en la Isla.
Hoy, la verdadera intención se revela en la aplicación más agresiva de esta ley, demostrando que su fin último no es la protección de propiedades, sino la rendición del pueblo cubano.
El fracaso del bloqueo para doblegar a la Revolución llevó a activar en 2019 el Título III, suspendido durante veinte años por su carácter extraterritorial.
Esta activación permitió demandas contra compañías de terceros países, creando un efecto paralizador que busca disuadir la inversión extranjera.
El objetivo actual es claro: recrudecer el cerco, exacerbando la escasez de combustible, alimentos y medicinas, como parte de una política que ignora el rechazo casi unánime de la comunidad internacional.
(Tomado del perfil de facebook de Roberto Morales Ojeda)
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