Establecer canales digitales para el pago de servicios resulta un desafío no solo por la disposición administrativa de apk confiables y oficiales, sino en función del ordenamiento necesario de la circulación monetaria hacia los bancos y que continúa afectada por las evasiones fiscales que implican otros delitos (a la vista pública) como la imposición de “multas” a los precios regulados por las administraciones del gobierno local en los municipios.
Por ejemplo, usted observa el qr para efectuar el pago y, del otro lado del mostrador, puede escuchar las condicionantes: “No funciona. No podemos. Después de las (…) horas, no aceptamos. Tiene que pagar (además del precio visible), 50 cup, en efectivo”. O sea, donde puede realizar el pago electrónico, debe abonar una parte tangible de billetes cuya cifra para ser un patrón ya establecido.
El tema de los altos precios es quizá uno de los más discutidos en la agenda ciudadana. Los intríngulis que los sostienen han sido más que identificados. Entonces; ¿por qué no logramos detener el ascendente pago? que vapulea los bolsillos, estremece los capacidades de los salarios estatales y coloca a la familia en disyuntivas que pueden afectar, incluso, los esfuerzos del Estado para sanear las finanzas internas y destrabar los resortes, de todo tipo, que impiden la fluidez de los ingresos en correspondencia con los resulta dos del trabajo.
Cada vez son más impactantes las variables utilizadas para la evasión fiscal. Como si fuera poco, la competencia de salarios más elevados (atractivos por las circunstancias) en los negocios particulares, solo muestran la punta del iceberg, de un fenómeno latente mucho más peligroso como el establecimiento de un mercado (en términos generales del concepto mercado) que prescinde del necesario encadenamiento con las empresas estatales locales y cuyas fuentes de ingreso no pasan siquiera por las arcas de los bancos.
Hace unos días me comentaba un vecino en relación con el problema que enfrenta un familiar requerido de un tratamiento médico (gratuito, por supuesto) que le obliga a permanecer sin trabajar durante un año. El problema, no solo es de salud, sino que labora para un negocio particular y no dispondrá de los beneficios regulatorios (de pago de salario) establecidos para un trabajador estatal. Por supuesto, queda “excedente”.
¿Quién debe asumir?
La respuesta a la incógnita llevaría a un análisis en el cual se deben tener en cuenta otros fenómenos paralelos que demuestran la necesidad inmediata de establecer controles efectivos -y hacer cumplir las disposiciones y regulaciones vigentes- para detener las evasiones fiscales, porque los beneficios directos de los esfuerzos del Estado para sanear las finanzas, ordenar la circulación monetaria y defender los derechos de los ciudadanos, nos incluye a todos.
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