La actualización de los principios y fines de la educación, la definición de la enseñanza obligatoria y el fortalecimiento de las garantías para estudiantes, docentes y familias figuran entre los principales contenidos del anteproyecto de Ley de Educación, que será sometido a consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en el próximo período de sesiones de diciembre.
La propuesta legislativa establece un marco normativo único para el Sistema Nacional de Educación, mediante la derogación de la Ley de 1959 y la integración de disposiciones que, durante décadas, permanecieron dispersas en diferentes regulaciones. El propósito es dotar de mayor coherencia y articulación al funcionamiento del sistema educativo cubano.
Uno de los aspectos centrales del documento es el reconocimiento de la educación inclusiva como principio rector. En ese sentido, contempla medidas para garantizar la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, así como la aplicación de ajustes razonables que faciliten el aprendizaje y la participación de las personas en situación de discapacidad.
El anteproyecto también reconoce los saberes adquiridos por diferentes vías y armoniza los derechos, deberes y responsabilidades de los integrantes de la comunidad educativa con lo establecido en el Código de las Familias y el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.
En correspondencia con las transformaciones sociales y tecnológicas, la futura norma incorpora disposiciones relacionadas con la investigación, la transformación digital, la ciberseguridad y el fortalecimiento de los vínculos entre las universidades y la sociedad. Asimismo, contempla el uso crítico y ético de la inteligencia artificial en los procesos educativos, con especial atención a la protección de los datos personales y la seguridad de quienes participan en ellos.
Entre las nuevas garantías se encuentran el acceso a las tecnologías, el derecho de los estudiantes a ser escuchados en las decisiones que puedan afectarles y la protección de su información personal. Estas disposiciones amplían el reconocimiento de derechos específicos para estudiantes, docentes y familias, al tiempo que precisan sus responsabilidades dentro del proceso educativo.
La propuesta dedica también atención a los trabajadores del sector, mediante mecanismos de formación continua, estimulación y evaluación del desempeño, acompañados de garantías para el ejercicio de la labor docente y el desarrollo profesional.
Con este anteproyecto, el Ministerio de Educación aspira a consolidar un sistema más integrado, capaz de responder a las necesidades actuales de la sociedad cubana, fortalecer la protección de derechos en las instituciones educativas y establecer apoyos concretos para avanzar hacia una educación cada vez más inclusiva.
Su discusión en la Asamblea Nacional marcará un paso importante en la actualización de las bases jurídicas de la educación en Cuba, un sector que requiere adecuar sus normas a las nuevas realidades sociales, familiares y tecnológicas.
Descargue el Anteproyecto de Ley de Educación en este enlace
