Como cada sábado, la avenida 13, en el municipio Playa, cobra una movilidad inusual, transformándose en el epicentro de la feria agropecuaria municipal.
Vecinos de la zona y foráneos transitan en ambas direcciones: unos llegan con la esperanza de abastecerse; otros regresan con sus bolsas y comentarios sobre lo que hay, lo que falta y, fundamentalmente, dónde el producto está más económico.
Esta jornada, sin embargo, tuvo la particularidad de desarrollarse en medio de la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Al llegar, el ambiente que se respiraba no era precisamente el del bullicio comercial habitual. Ciudadanos agrupados reclamaban ante los distintos negocios que, de manera sistemática, se negaban a aceptar pagos por transferencia.
Las justificaciones: «no tuve electricidad y no pude cargar el móvil» (aunque, coincidentemente, las pesas digitales y los equipos de música sí contaban con batería); «la tarjeta no está asociada a mi número celular y no tengo cómo saber si me pagaste»; «qué pena, hasta ahora mismo estuve aceptándolas»; «me tienes que dar mitad en efectivo y la otra parte por transferencia». Esta última fue exclamada por el vendedor de pescados, el mismo al que instantes antes una señora reclamaba por el peso del producto.
No fueron casos aislados: igual ocurrió con la venta de huevos de gallina, viandas, productos congelados, artículos de aseo y otros de primera necesidad.
Ciertamente, la cobertura es inestable y las operaciones de pago electrónico suelen demorarse. Sin embargo, el emprendedor que realmente le interesa vender y cumplir con un deber social busca alternativas. No pocos negocios dividen las colas, como si se tratase de Montescos y Capuletos, para no ralentizar el proceso: una fila para pago en efectivo y otra para transferencia. Una práctica que, aunque imperfecta, al menos demuestra voluntad.
Caminar entre los quioscos se torna una hazaña. Todos quieren desplazarse con rapidez, y a ello se suman los indisciplinados que, obviando las señales que prohíben la circulación de vehículos durante la feria, se empeñan en hacer prevalecer su comodidad por encima de la seguridad peatonal.
Las opiniones sobre la gestión del gobierno local y los inspectores de la Dirección de Inspección Municipal (DIM) no se hicieron esperar. Estos últimos, resguardados desde la sombra del portal del antiguo Cine Metropolitano, afirman que constantemente supervisan los puestos de venta. Al igual que los vendedores, siempre tienen una justificación para cada queja ciudadana.
Al preguntarles —a los del DIM— sobre los canales de pago, responden que todos están obligados a aceptar tanto transferencia como efectivo; que es ilegal negarlas, establecer precios por encima si el pago es electrónico, y definir qué cantidad se puede pagar mediante transferencia.
Al comentarles sobre las arbitrariedades percibidas, me aseguran que justo acababan de hacer un recorrido, pero que luego irían. Como era predecible, algunos infractores dejaron de negar el pago electrónico; otros, como los del puesto donde vendían alitas de pollo, mortadela y otros refrigerados, encontraron mágicamente cómo darle carga a su móvil. A regañadientes, apuraban y maltrataban a quienes pagaban con su teléfono, como si su dinero tuviera menos valor. Bueno, corrijo: tiene menos valor.
Siguiendo la búsqueda de productos del agro —viandas, vegetales y frutas—, la situación se repite. Muy pocos dependientes aceptan pagos en línea, alegando que no dominan la tecnología… mientras manipulan sus pesas digitales y teléfonos de última generación. Carteles con códigos QR que no leen, pero los de las tarjetas privadas sí; ancianos que buscan en qué establecimiento comprobar el peso de sus productos; comerciantes que amenazan con dejar de vender si reclamas por el pesaje. Estas, y otras batallas titánicas, son solo algunas de las situaciones que las inspectoras e inspectores no ven o les esconden.
A ello se suma que los precios ya no son tan asequibles ni algunos productos congelados tan frescos.
¿Es necesario sumar más pesares? La feria agropecuaria debería ser un espacio donde encontrar diversos productos, de acceso a alimentos en condiciones justas, no un campo de batalla donde el ciudadano debe luchar no solo contra alimentos que se conserven a pesar de la inestabilidad energética y los precios de los mismos, sino también contra la arbitrariedad, el abuso y la indiferencia institucional.
Mientras los inspectores miran desde la sombra y los vendedores improvisan normativas a su antojo, son los más vulnerables los que pagan las consecuencias. Ahora, ¿quiénes son los más vulnerables? ¿Los que compramos? ¿Los que venden y no tienen de dónde sacar el dinero en efectivo en las cantidades que necesitan para pagar.
