La entrega por el Grupo Tabacuba de 24 millones de cajetillas de cigarros menos para un mes, por problemas con la disponibilidad de la materia prima, ha conllevado a adoptar medidas de regulación de su venta en todos los territorios del país, aseguraron en la capital autoridades del Ministerio de Comercio Interior.

Betsy Díaz Velázquez, titular del organismo, explicó a la prensa que, aunque ese no es un producto de la canasta familiar normada, tal déficit de una demanda mensual ascendente a 37 millones de cajetillas ha obligado a que localmente, y en aras de evitar acaparamientos, se controle su venta liberada.

La Ministra reconoció que, al hacerse a través la libreta de abastecimiento como mecanismo de control, muchos núcleos en los que ninguno de sus miembros fuma ha optado por comprar el cigarro, y ello afecta a quienes sí son fumadores; entonces más que un derecho hemos dado el acceso a un producto regulado, precisó.

Al disminuir los niveles de producción de las fábricas y de Brascuba (aun cuando sus cigarrillos no los comercializamos) se produjo un alza abusiva de los precios, y ante la especulación y el acaparamiento los Gobiernos en los territorios optaron por regular su venta como medida de contención, manifestó.

Pero ello no significa que este sea un producto de la canasta familiar normada, subrayó Díaz Velázquez.

Francisco Silva Herrera, director general de Venta de mercancías del MINCIN, puntualizó que como han explicado los directivos de Tabacuba ha habido intermitencias en la producción debido a las dificultades con el arribo a Cuba de las materias primas.

Ello hace que los niveles o volúmenes entregados al Comercio Interior no aseguran el 100 % de la demanda del país, pues en lo que va de mes solo se ha recibido el 34 % de lo contemplado en el plan, una afectación significativa, afirmó.

Explicó que de acuerdo con la disponibilidad en algunas provincias la oferta se limita a una cantidad ínfima de cajetillas por personas, incluso solo a mayores de 19 años, y en otras se dan por núcleos familiares.

Pero aun cuando ha sido una decisión de carácter territorial nuestro ministerio, como política, ha recomendado que la comercialización sea de manera regulada controlada, manifestó Silva Herrera.

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