El pasado 15 de agosto, en las redes sociales y medios de prensa se difundió el artículo periodístico El Misterio del QR: Trabajadores por cuenta propia evaden el pago por transferencia mientras el pueblo exige medidas más duras, donde una vecina del municipio de Arroyo Naranjo denunció una experiencia que pone de manifiesto las crecientes irregularidades en el sector de los trabajadores por cuenta propia.
Al intentar realizar una compra en un establecimiento ubicado en calle Finlay 910 entre Gestrudis y Lagueruela, municipio de Diez de Octubre, se encontró con una negativa rotunda: “Aquí no aceptamos transferencias”, le indicó la dependienta cuando intentó pagar su compra de refrescos y confituras para sus nietos.

La Dirección Provincial de Comercio en La Habana, al conocer del incidente envió inspectores y especialistas al lugar, al amparo de la Orden de Trabajo 1/33/del 2025 con el objetivo de verificar la denuncia.
La dependienta reconoció que cuando sucedió el incidente que generó la denuncia no estaba recibiendo transferencia, la razón, según explicó, era por no contar con la cuenta fiscal en su poder.

Este hecho contraviene la normativa que establece la obligatoriedad de aceptar pagos por medios electrónicos en ciertos establecimientos.

Durante la inspección sorpresiva, fueron detectadas otras irregularidades, entre ellas violaciones de precio en la comercialización del pollo troceado; cobraban la libra a 350 pesos, y su precio tope es 312. También se comprobaron productos vencidos en los estantes, como la Mermelada de mango de 3,2 kg y el sorbeto Renata.


La inspección no pudo obtener evidencias de los documentos de la titular, por encontrarse residiendo en Estados Unidos. Y no existe ningún representante del titular.
No se presenta licencia sanitaria. Ni solicitud de los productos que comercializan. Tampoco los comprobantes de pago de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
En correspondencia con las irregularidades y violaciones detectadas, se le notificó a la trabajadora con una multa de 30 mil pesos por violar el Decreto Ley 67 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, además de incumplirse la Resolución 225 del 2014 del Ministerio de Finanzas y Precios, así como del Decreto Ley 91 del 2024.
Se adoptó la medida del cierre por siete días del establecimiento Todotuti, donde de incumplirse dicha medida se realizará la denuncia ante las autoridades competentes por un delito de Desobediencia.
La comisión de inspectores y especialistas indicaron que la titular debe de presentarse en un término de siete días en la Dirección Provincial de Comercio de La Habana, sita en calle 33 entre Avenida de Paseo y calle A, Plaza de la Revolución, con toda la documentación original que respalde la actividad de Trabajo por Cuenta Propia.
Este operativo efectuado pone de manifiesto la importancia de mantener un sistema de control riguroso en los establecimientos comerciales sean estatales, Mypyimes o Trabajadores por Cuenta Propia, con el fin de asegurar que se respeten las normativas vigentes, y se protejan los derechos de los consumidores.
Carlos Alberto Suárez Leyva, jefe de Atención a las formas de Gestión no Estatal de la Dirección Provincial de Comercio de la capital, al frente del grupo de inspectores y especialistas que actuaron en el TCP Todotuti, aseguró que la entidad continuará con las inspecciones para garantizar que se cumpla con lo que está legislado y orientado, donde dijo que se actuará con firmeza ante cualquier violación, siempre promoviendo un entorno de comercio justo transparente en beneficio del pueblo.
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Muy bien por las inspecciones sorpresa tan necesarias, pero lo interesante y necesario es que sean sistemáticas y que los compañeros directivos que le orientan a los inspectores que revisen, abran más los oídos y oigan al pueblo que sigue siendo timado por muchos cuentapropistas, al burlarse continuamente de las leyes y del fisco. Ese tema de no aceptar transferencia para el pago de la compra en un establecimiento privado por problemas de congestión en los bancos para extraer dinero de la cuenta, hasta el más tonto sabe que es un ardid para robarle al fisco, que es igual que robarle al pueblo. Ningún gobierno debe permitir tal desmán. Al que se le detecte una falta de este tipo por primera vez, multa, ¡pero multa!, que sientan el rigor de la ley, porque es irrisorio aplicar una multa de $20 000, $30 000 a una persona que se gana en su negocio, esa cantidad quizás en medio día, dependiendo de a lo que se dedica su negocio. Por reincidir, le retiro todos los permisos de trabajo, porque no es confiable para el sistema, por mentir. No es confiable para nadie, el que miente en sus obligaciones y en estos tiempos tan difíciles en los que personas inescrupulosas, se creen en el derecho de robar tranquilamente al pueblo. Las medidas tienen que ser ejemplarizantes para el resto de los cuentapropistas. En playa, calle 70 frente a la parada del P10 hacia el Pando Ferrer, hay un negocio que nunca se puede transferir el importe de lo comprado, y digo nunca, y no creo que esto no lo sepa ningún inspector. Y pregunto, ¿cómo se sabe lo que ese negocio recauda diario, si no hay traza de lo que se ingresa a la tarjeta bancaria por concepto de ventas?, sólo a que pensar un poco. Ese es otro caso de evasión al fisco...y como ese, pululan en la ciudad, por falta de control honesto y sistemático...
Cuantas irregularidades detectada, es evidente que el control sé está realizando de forma reactiva y no proactiva, o sea luego de una denuncia, estos actores económicos, requieren un mayor control, pues las víctimas como siempre son los más vulnerables
Pero esto no es excepción. Pienso que puede asegurarse que más del 95% de los puntos de ventas no tienen disponible el QR fiscal. Porqué esperar a denuncias.? Pueden enviar todos los inspectores alrededor del Mónaco y Consejo Sevillano por mencionar solo 2.