El pasado 15 de agosto, en las redes sociales y medios de prensa se difundió el artículo periodístico El Misterio del QR: Trabajadores por cuenta propia evaden el pago por transferencia mientras el pueblo exige medidas más duras, donde una vecina del municipio de Arroyo Naranjo denunció una experiencia que pone de manifiesto las crecientes irregularidades en el sector de los trabajadores por cuenta propia.
Al intentar realizar una compra en un establecimiento ubicado en calle Finlay 910 entre Gestrudis y Lagueruela, municipio de Diez de Octubre, se encontró con una negativa rotunda: “Aquí no aceptamos transferencias”, le indicó la dependienta cuando intentó pagar su compra de refrescos y confituras para sus nietos.
La Dirección Provincial de Comercio en La Habana, al conocer del incidente envió inspectores y especialistas al lugar, al amparo de la Orden de Trabajo 1/33/del 2025 con el objetivo de verificar la denuncia.
La dependienta reconoció que cuando sucedió el incidente que generó la denuncia no estaba recibiendo transferencia, la razón, según explicó, era por no contar con la cuenta fiscal en su poder.
Este hecho contraviene la normativa que establece la obligatoriedad de aceptar pagos por medios electrónicos en ciertos establecimientos.
Durante la inspección sorpresiva, fueron detectadas otras irregularidades, entre ellas violaciones de precio en la comercialización del pollo troceado; cobraban la libra a 350 pesos, y su precio tope es 312. También se comprobaron productos vencidos en los estantes, como la Mermelada de mango de 3,2 kg y el sorbeto Renata.
La inspección no pudo obtener evidencias de los documentos de la titular, por encontrarse residiendo en Estados Unidos. Y no existe ningún representante del titular.
No se presenta licencia sanitaria. Ni solicitud de los productos que comercializan. Tampoco los comprobantes de pago de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
En correspondencia con las irregularidades y violaciones detectadas, se le notificó a la trabajadora con una multa de 30 mil pesos por violar el Decreto Ley 67 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, además de incumplirse la Resolución 225 del 2014 del Ministerio de Finanzas y Precios, así como del Decreto Ley 91 del 2024.
Se adoptó la medida del cierre por siete días del establecimiento Todotuti, donde de incumplirse dicha medida se realizará la denuncia ante las autoridades competentes por un delito de Desobediencia.
La comisión de inspectores y especialistas indicaron que la titular debe de presentarse en un término de siete días en la Dirección Provincial de Comercio de La Habana, sita en calle 33 entre Avenida de Paseo y calle A, Plaza de la Revolución, con toda la documentación original que respalde la actividad de Trabajo por Cuenta Propia.
Este operativo efectuado pone de manifiesto la importancia de mantener un sistema de control riguroso en los establecimientos comerciales sean estatales, Mypyimes o Trabajadores por Cuenta Propia, con el fin de asegurar que se respeten las normativas vigentes, y se protejan los derechos de los consumidores.
Carlos Alberto Suárez Leyva, jefe de Atención a las formas de Gestión no Estatal de la Dirección Provincial de Comercio de la capital, al frente del grupo de inspectores y especialistas que actuaron en el TCP Todotuti, aseguró que la entidad continuará con las inspecciones para garantizar que se cumpla con lo que está legislado y orientado, donde dijo que se actuará con firmeza ante cualquier violación, siempre promoviendo un entorno de comercio justo transparente en beneficio del pueblo.
Ver además:
![[impreso]](/file/ultimo/ultimaedicion.jpg?1760211851)
Por favor que cuesta publicar los teléfonos a donde llamar el pueblo desconoce a donde llamar....y malos lugares donde se viola al pueblo hay miles...y solo reclamamos teléfonos a donde llanar
Qué horror,eso no es un caso aislado Nadie controla A nadie le importa
Sería oportuno reiterar los números telefónicos a los que se debe denunciar este tipo de irregularidad. En la mayoría de los quioscos ubicados en Alamar ,zona 6 los dependientes y sus dueños no aceptan transferencia,lo cual diariamente constituye una violación de lo establecido y un maltrato social que afecta la adquisición de alimentos e insumos de primera necesidad para los habitantes de esa localidad.
Buenas tardes , me interesó mucho su artículo, todos sabemos que las violaciones en el pago electrónico así como la violación de los precios topados a productos de alta demanda aprobadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular e instrumentada por nuestro Ministerio de Finanzas y Precios y que por muchas razones no se cumplen , siendo obligación de este Ministerio así como de los órganos
Un poco más adelante en Los Pinos nadie acepta transferencia y el pollo vale 380 pesos la libra. Hay que denunciar?. Por qué no se regula y listo?.