Foto: Archivo del Minrex

En enero de 1959 con el triunfo de la Revolución cubana se iniciaba el cambio del paradigma socio-económico del país. Las transformaciones en la base socio-productiva del país se sucedieron inmediatamente en pos de beneficiar a la mayoría proletaria y campesina desposeída ante una minoría latifundista y burguesa acaparadora de casi todos los recursos de la nación.

La joven dirección del nuevo Estado ejecutó las dos drásticas directrices que debe tomar cualquier Revolución en el poder para cambiar la faz socio-económica de un país recién liberado de los yugos neocolonial y oligárquico: la Reforma Agraria y la Nacionalización del gran Capital.

Estos cambios provocaron la ira del gobierno de Estados Unidos, metrópolis neocolonial no oficial de la antigua república mediatizada y donde algunas de sus más emblemáticas corporaciones multinacionales como United Fruit Company, ESSO, Texaco etc. poseían grandes inversiones que las convertían en los mayores terratenientes y los más grandes grupos industriales del país, el cual reaccionó procediendo a implementar una serie de leyes, medidas y restricciones  de carácter financiero y comercial, destinadas a estrangular la economía cubana y provocar el colapso del naciente Estado revolucionario.

En síntesis, el bloqueo –mal llamado embargo comercial, económico y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba- consiste en un gigantesco entramado jurídico, armado durante décadas que incluyen seis leyes e infinidad de regulaciones que prohíben o restringen total o parcialmente las relaciones económicas de Estados Unidos con la mayor de las Antillas, a la vez que persigue y sanciona a las entidades estatales o privadas del resto del mundo, que intenten comerciar o realizar transacciones financieras con la Isla.

El presidente Eisenhower estableció los antecedentes de esta criminal política en 1960 al reducir dramáticamente la cuota azucarera cubana y romper las relaciones diplomáticas. El bloqueo, en esencia, fue establecido de forma oficial por John F. Kennedy en febrero de 1962 tras el fracaso de la invasión mercenaria de Playa Girón.

John F. Kennedy. Foto: Archivo del Minrex

En pleno contexto de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y la consecuente aparición del nefasto Período Especial, el bloqueo fue seriamente fortalecido en 1992 y 1996 con las leyes Torricelli y Helms-Burton respectivamente. Hasta recibir un nuevo endurecimiento bajo el gobierno de Donald Trump con 243 medidas adicionales.

Los daños acumulados durante casi seis décadas de aplicación de esta política ascienden a 144.413,7 millones de dólares, según los datos del informe "Cuba vs Bloqueo" presentado por el gobierno cubano ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2020.

El bloqueo con su persecución sobre la mayoría de las posibles inversiones y transacciones financieras con la isla ha contribuido a que el marcado carácter mono productor que arrastra la economía cubana desde la etapa colonial no haya sido superado, impidiéndole romper el molde de país atrasado, tercermundista y de economía subdesarrollada.

No obstante, a pesar de los genocidas efectos del bloqueo, la proclamación del carácter socialista de la Revolución y -en consecuencia- la instauración de la economía planificada sobre los medios de producción, unido a la alianza político-comercial con la antigua URSS, permitió a la sociedad cubana alcanzar los logros sociales fundamentales del Estado socialista: la alfabetización plena y la escolaridad y atención médica gratuitas.

Logros que se vieron, en cierta medida, amenazados por los efectos globales de la pandemia de Covid-19 que obligó a redestinar importantes inversiones en función de garantizar la vitalidad de la nación y asegurar el tratamiento de miles de ciudadanos, mientras se concretaba la producción de candidatos vacunales y otros recursos imprescindibles en el sector de la salud pública.

Resultaron medidas necesarias en medio de los cierres y atascos en las cadenas de producción y distribución, en medio de un escenario global marcado por una crisis generalizada que definen en los conflictos bélicos, junto a la aún más peligrosa deriva geopolítica mundial tras la guerra en Ucrania y las fricciones entre China y Estados Unidos por el estatus de Taiwán y su interminable diferendo tecnológico-comercial.

En este contexto paupérrimo el Estado cubano se vio urgido a emprender el reordenamiento financiero mediante la unificación monetaria. Esta política macroeconómica ha desatado una inflación galopante y alcista que ha superado las previsiones gubernamentales y junto a la escasez crónica colateral de la pandemia, ha conducido a un inevitable deterioro de los estándares de bienestar material y desarrollo humano de la sociedad cubana.

El gobierno cubano sigue insistiendo en la posibilidad real de emprender la plena normalización de las relaciones con los Estados Unidos, momento cumbre que estuvo parcialmente cerca de concretarse durante la administración Obama, que emprendió varios hitos a finales de su mandato, encaminados a descongestionar el proceso (segundo presidente en activo en visitar la Isla desde Calvin Coolidge en 1928, abstención en la sesión plenaria de ONU durante la votación de la de la resolución para poner fin al embargo y otras medidas comerciales y financieras que flexibilizaban el bloqueo). Sin embargo, la asunción de Trump a la Casa Blanca paralizó todo lo concretado e inició una regresión hacia el carácter más agresivo, genocida y persecutorio de las extraterritoriales leyes que lo integran. El cual se ha mantenido en este mismo estatus, con apenas leves cambios bajo la administración Biden.

Ya sea que se logre implementar proyectos aperturistas o que con el tiempo alguna nueva administración estadounidense venza su conservadurismo y la apatía procediendo a eliminar definitivamente el bloqueo (propósito ideal pero casi quimérico objetando que navegaría en contra de las directivas del establishment), brindando acceso a las enormes potencialidades de la amplia e hiperdesarrollada base tecnológico-productiva estadounidense, cuya cercanía a Cuba la hacen la más ventajosa a la hora de articular cualquier tipo de relación comercial. El Estado cubano continuará asumiendo el reto de innovar y perseverar en sus políticas económicas, para lograr la meta suprema de desarrollar el país dentro de los principios socialistas.

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