La obcecada persecución política del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) contra Julián Assange obedece a que a través del sitio digital Wekelead denunció crímenes de lesa humanidad y actos de quebranto a los derechos humanos de ciudadanos en diferentes lugares del planeta.

De ahí que la decisión de justicia dictaminada en Inglaterra de no extraditarlo a EE.UU. por el quebranto de su salud mental ha sido recibida por millones de personas en el mundo como acto de justicia, -a pesar que lo que precisaría en honor a la verdad-, es su inmediata liberación.

Lo acontecido con Assange en la embajada de Ecuador en Inglaterra (y particularmente la actitud de la actual administración de Lenín Moreno que vulneró la condición prescrita internacionalmente de asilado, expulsándolo de su embajada, luego que había recibido protección por la persecución política que era objeto), contribuyó a que Washington incitase, y además presionara por su extradición, con el propósito de encerrarlo por vida, sin tener en cuenta el extremo peligro para su salud en cárceles norteamericanas.

Se habla de una condena de más de 170 años en Norteamérica, algo sumamente absurdo, y en condiciones improcedentes e indignas por el mero hecho de haber ejercido la libre expresión. Él no asesinó ni ubicó artefactos explosivos en ningún lugar, no es un terrorista, merecía un trato diferenciado y que se dictaminase ya su libertad.

Los hombres de buena voluntad del orbe, también organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, han expresado preocupaciones por la situación de Assange, periodista concebido por su profesión para brindar información y comunicar a los públicos, por lo que es incomprensible el tratamiento dado al caso, asunto que sus abogados defensores han denunciado en reiteradas ocasiones.

Una vida humana espera por su inserción nuevamente a la civilización y al seno de su familia, el Sistema de Justicia de Inglaterra tiene la posibilidad de viabilizar el camino hacia su necesaria libertad.

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