El Restaurante Castillo de Jagua, funciona en la actualidad, como una Unidad Empresarial de Base Perfeccionada, conforme al Decreto 28/2020 del Consejo de Ministros, "Del Modelo de Gestión Estatal de la Unidad Gastronómica de Subordinación Local", y pertenece a la Empresa Estatal Socialista, Restaurantes de La Habana.
Ha sido publicado en redes sociales, un artículo titulado "El emblemático restaurante Castillo de Jagua, pasa a manos privadas convertido en una heladería", lo cual es incierto, ya que el referido establecimiento, funciona como restaurante, bar y cafetería.
Existe un Contrato de Arrendamiento de Espacio, con la Mypime a la que se hace mención, que posee un área de la cafetería, para el expendio de helados que ellos producen, servidos en vasos y también en potes, como medida para elevar los ingresos y ampliar la oferta que se ofrece a la población.
Es lamentable que se publiquen trabajos periodísticos, donde se brinde información carente de veracidad, que puede dar lugar a interpretaciones, equivocas sobre el diario quehacer de nuestra entidad, que se esfuerza cotidianamente, por ofrecer un servicio con la mayor calidad posible, en la compleja coyuntura económica que vive nuestro país, conscientes del importante papel social, que nos corresponde jugar.
Gobierno de La Habana
Ministerio del Comercio Interior de Cuba
Ver además:
Encuentro de generaciones en Hogar de Ancianos de La Habana del Este: Annie y Eduardo
Muy buena aclaración, ojalá siempre se proceda así, ante noticias y comentarios perniciosos
Oportuna información, ya sabemos que a la prensa amarillista, que tanto pulula por aquí, no le interesa la investigación.
Pues que se lo den por completo a la Mypime, sin dudas ella lo hará mejor. No importa para lo que lo use.
Pero no hablo nada de los precios q de eso se trató la publicación. Realmente quién lo administró no es lo importante.
A cada rato uno se entera de locales del estado que son arrendados a Mypimes ,y lo que me preocupa es que en ningún lado se publica o informa que locales estatales están en posible contrato de arrendamiento y porque las entidades que rigen dichos locales no hacen un llamado de licitación a posibles inversionistas dónde todos estén en igualdad de condición y pueda elegirse el mejor proyecto que se ajuste a las necesidades de los gobiernos locales