Como parte del proceso político participativo Mi Barrio Por la Patria, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en La Habana, realizaron un barrio debate en el municipio capitalino de Centro Habana contra las Drogas, que reunió a jóvenes en rehabilitación, especialistas de la Salud y representantes de la Fiscalía General de la República, quienes expusieron testimonios y alertas sobre los riesgos del consumo de drogas y las consecuencias penales asociadas.
En calle Laguna entre Manrique y San Nicolás, en el Consejo Popular Dragones, se realizó el barrio debate cederista, donde la doctora Tania Peón Valdés, jefa del Departamento de Salud Mental de la Dirección General de Salud de La Habana, declaró que la mejor manera de enfrentar este flagelo es evitar el inicio en el consumo, pues una sola exposición puede generar dependencia.
El doctor Yali López Guido, jefe de Servicios de la Sala de Adicciones del Hospital Psiquiátrico de La Habana Comandante Eduardo Bernabe Ordaz Ducunge, enfatizó la posibilidad de rehabilitación y reinserción social, e instó a los asistentes a compartir las experiencias escuchadas con familiares y amigos para fortalecer la prevención comunitaria.
Durante el encuentro, Maryori Elías Peña, Fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de La Habana, explicó que la tenencia, producción y venta de drogas son severamente sancionadas por los tribunales, en correspondencia con la política gubernamental de tolerancia cero, y advirtió que la penalización puede alcanzar a los consumidores al ser considerados tenedores de sustancias ilícitas.
Jóvenes en proceso de recuperación agradecieron la dedicación del personal sanitario y convocaron a sus contemporáneos a rechazar las adicciones y a centrarse en proyectos de estudio, trabajo y vida familiar.
Estuvieron presentes dirigentes del Partido Comunista de Cuba, el Poder Popular y organizaciones de masas del municipio, el Gobierno de La Habana, el Ministerio del Interior y los CDR.
La campaña nacional “Contra las drogas, se gana”, liderada por el Gobierno y articulada con instituciones estatales y sociales, se consolida como una estrategia integral de seguridad y salud pública basada en la política de tolerancia cero, que combina prevención, educación y control para impedir la producción, tráfico y consumo de sustancias ilícitas y proteger a la juventud.
Esta estrategia, considerada de seguridad nacional, establece sanciones severas para la tenencia, distribución y comercialización de estupefacientes, al tiempo que impulsa campañas comunitarias y programas de salud orientados a la rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas, bajo la premisa de que contra las drogas se gana protegiendo la vida y la seguridad de la población.
