Durante estos días se ha vuelto a escuchar, con mayor fuerza aún, en medios de comunicación y agencias de noticias el verdadero rol de la mal denominada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ente desestabilizador de naciones que con cuestionable fachada y manto de apoyos financieros a programas de desarrollo en países del Tercer Mundo.

Pero en esencia este organismo se ha dedicado a subvertir el orden y financiar proyectos de grupos opositores a gobiernos de corte nacionalista, progresista y socialista en disimiles latitudes del mundo, irrespetando la autodeterminación de naciones soberanas e independientes que defienden los verdaderos intereses de sus pueblos y apostan por sistemas políticos y socio-económicos diferentes, más justos y equitativos.

Las acciones lucrativas y vandálicas de la USAID, han sido denunciadas con anterioridad por países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos Cuba, Bolivia, Venezuela, por solo mencionar algunos de los tantos que han sido víctimas de su malsano y abominable propósito encaminado a subvertir el orden en países soberanos e independientes, defensores de los intereses de sus conciudadanos, y contribuir honestamente al avance y desarrollo de sus naciones.

Según publicaciones de medios de comunicación que hacen alusión a determinados archivos filtrados, la USAID proporcionó a personajes de la ultraderecha venezolana como el prófugo de la justicia, Juan Guaidó, alrededor de 98 millones de dólares, lo cual no se sabe a dónde fueron a parar, así como unos 116 más a otro opositor con cargos delictivos en ese país, de nombre, Carlos Vecchio, entre otra distribución financiera a otros acólitos.

Cuba, por ejemplo, en ocasiones anteriores ha mostrado ante la opinión pública nacional e internacional, como también esa agencia con sutil estrategia de ayuda humanitaria, ha financiado acciones subversivas para quebrantar en la Isla la tranquilidad ciudadana, y ese monto donado a connotados personajes contrarrevolucionarios también ha sido objeto de desvío para fines ilegales e indecorosos. Ello demuestra cómo se utilizan los fondos de los contribuyentes estadounidenses y de su propia administración para proyectos y planes lucrativos personales de muchos de esos señores vinculados a mafias y grupúsculos miamenses, carentes de toda sensibilidad humana y vergüenza.

La USAID internacionalmente va logrando cada vez menos credibilidad, pues sus verdaderos propósitos responden a intereses económicos financieros de grupos de poder ajenos a los objetivos que deben sustentar a las ONGs, como entidades de contribución al real desarrollo económico, social, o ayuda humanitaria que precisan los pueblos con millones de personas en condiciones de subdesarrollo con flagelos de enfermedades, pobreza extrema, analfabetismo, insalubridad, inseguridad ciudadana, entre otros heredados de siglos de explotación colonial, neocolonial, capitalista y neoliberal.

Foto: Tomada de Redes Sociales

Las controversias que puedan existir entre los magnates, el presidente Donald Trump y su poderoso aliado Elon Musk, considerado el más rico del mundo, a decir de CNN están orientadas a su arremetida contra agencias gubernamentales, federales, lo cual ha creado un caos por las acciones asumidas contra empleados federales, con planes de liquidación y separación de algunos funcionarios de experiencia y carrera que se han visto limitado a acceder a sus oficinas y medios de computación, entre otros dispositivos laborales. Pero en definitiva ambos coinciden en obtener cada vez más poder frente a las demás estructuras federales y administrativas del gobierno.

También se ha publicado en medios estadounidenses sobre las dudas y preocupaciones existentes alrededor de las acciones de Musk lo cual indica que se dirigen a expandir la autoridad del Poder Ejecutivo, obviando leyes, procedimientos y hasta el Congreso de Estados Unidos.

Lo que no hay duda es que existe una desenfrenada carrera por centralizar mayores poderes por parte de la administración Trump y sus aliados, algunos de los cuales como Musk denotan posibilidades y ambiciones de sobrepasar en algunos contextos y momentos, los límites de autoridad otorgada por el mandatario.

Sin embargo, estas maniobras de la actual administración en Washington, no solo a lo interno, sino en la arena internacional, con el tratamiento dado a organismos validados y representativos de las Naciones Unidas resultan incomprensible e insensatos. Entre estos se ubican la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, la Unesco y otros de la organización mundial sobre los cuales el también Presidente de EE. UU ha arremetido, a pesar de ser entes orientados a la estabilidad mundial y al cumplimiento de los requerimientos instituidos en la Carta Fundacional de la ONU, desde su fundación después de la II Guerra Mundial del pasado siglo.

Por otra parte, resulta como espeluznante y aborrecible suceso el incondicional apoyo de Washington al gobierno de Benjamín Netanyahu, en Israel, luego de haber cometido uno de los genocidios más atroces conocidos en esta centuria contra población alguna, la de la Franja de Gaza y campamentos aledaños. Mas de 47 mil palestinos asesinados, otros desaparecidos y encarcelados, además de niños, mujeres, ancianos y demás pobladores sobrevivientes obligados a las precarias condiciones de vida, y al destierro forzado de sus territorios.

El actual gobierno de la Casa Blanca, tiene como cualquier otro país, derecho a restructurar sus agencias, sobre todo cuando son como la USAID, institución muy desprestigiada por lucrar, no solo con los fondos federales y de los contribuyentes estadounidenses, sino por el indebido uso de sus finanzas para actos de subversión y derrocamiento de gobiernos, acciones ilegales, violatorias del derecho internacional y de la propia Constitución de los Estados Unidos.

Pero a lo que no tiene derecho ni autoridad legal alguna Washington, es a inmiscuirse en los asuntos internos de otras naciones soberanas, ni a expoliar a la fuerza recursos naturales de otros países, y mucho menos a incentivar desplazamientos forzosos de seres humanos, como sucede en zonas palestinas. Eso solo puede concebirse como crimen de lesa humanidad, los gazatíes tienen derecho a la vida y a participar con ayuda real, solidaria y de buena voluntad a la reconstrucción de su territorio, no abandonar sus tierras, ni a sus muertos.

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