Luego del regreso a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, (quien desde su ascenso en Washington se ha dedicado a imponer chantajes, sanciones e incremento de aranceles a productos procedentes de otros países), las relaciones de EE.UU. con naciones de la región latinoamericana denotan insatisfacciones, desacuerdos y particular rechazo.

En solo unos días han sido deportados en vuelos militares, y en condiciones muy indignas, -esposados como vulgares delincuentes-, miles de migrantes de Guatemala, México, Colombia, Brasil y otros pueblos de la región.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) efectuó un considerable número de redadas en territorios de Chicago, Atlanta, Los Ángeles, Austin, Texas, y Colorado en esta semana, contra inmigrantes indocumentados, creando un clima de incertidumbre y terror entre los millones de personas en esas condiciones en Norteamérica.

El mandatario colombiano Gustavo Petro, por su parte había expresado su negativa al regreso de sus conciudadanos de esa manera indigna, además de responder a la política de aranceles de Trump con similar reciprocidad.

Sin embargo, al parecer, con vista a evitar una guerra comercial entre ambas naciones aceptó el retorno de sus coterráneos, pero insistió en la necesidad de que el proceso se efectuase de manera digna, y para ello propuso sus propios aviones, incluyendo el presidencial.

Las guerras comerciales no solo perjudican a los pueblos que sufren penalizaciones, también de una u otra manera dañan relaciones comerciales establecidas por décadas entre Estados Unidos y otros países, pues también consumidores norteamericanos pueden ver afectados sus intereses.

La operación relámpago de Trump contra los migrantes con participación también de agencias federales trajo consigo la detención de miles de personas, muchos de los cuales no tienen antecedentes delictivos y son vulnerados sus derechos humanos de recibir un trato respetuoso y apropiado. Un considerable número de inmigrantes durante tiempo han contribuido también con la economía norteamericana aportando, generalmente, en ramas de la agricultura, la construcción y determinados servicios.

Estas disposiciones por la manera de implementarse han traído consigo críticas de algunos legisladores norteamericanos que reconocen la necesidad de fronteras seguras, pero no comparten el método aplicado, y consideran que no se priorizaron los criminales para la expatriación, sino se realizaron masivas redadas tipo show, espectáculos innecesarios por redes sociales, en vez de utilizar más los canales diplomáticos de manera sensata.

Esta denominada política dura de Trump sigue siendo controversial pues está creando un foco de tensión interna en el propio territorio estadounidense y en el resto de los países latinoamericanos los cuales tienen situaciones económicas muy complejas, de ahí la avalancha migratoria actual hacia el Norte que tradicionalmente publicita el sueño americano.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con la Presidencia Pro-Tempore en Honduras, que encabeza la mandataria Xiomara Castro, tiene también entre sus puntos de agenda y análisis con los Jefes de Estado valorar esta semana, la situación de emergencia creada con las abruptas medidas de Trump en los pueblos de esta región.

Toda frontera debe ser segura, pero para ello no solo deben existir legislaciones, y menos aún políticas agresivas y de represión brutal, sino que deben fomentarse estrategias económicas, comerciales y financieras más solidarias y de justa colaboración por parte de naciones industrializadas del Primer Mundo, como Estados Unidos.

Estas deberán orientarse a contribuir a mejorar las condiciones de las poblaciones del mundo en desarrollo, víctima durante siglos de colonialismo, capitalismo y neoliberalismo salvaje. Y de esa manera se minimizarán o desaparecerán las masivas oleadas migratorias.

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