Las palabras suelen definir conceptos que al repetirse dialogan con el subconsciente de los públicos cuando se trata de imponer una realidad pasada con una intencionalidad presente como la intención de llamar al señor Donald Trump 45° Presidente.
Tal es el caso de los criterios expuestos por los abogados David Schoen y Bruce L. Castor, quienes dirigirán la defensa del juicio político contra el señor Trump, después de la siniestra jornada que desencadenó con su convocatoria a tomar por asalto el Capitolio en Washington D.C.
El proceso que será realizado a mediados del mes en curso, en el Congreso, ya tiene como precedente que tanto Schoen como L.Castor consideran que "ambos están de acuerdo en que este juicio político es inconstitucional, tal como se pronunciaron 45 senadores la semana pasada", según el comunicado de la denominada "Oficina del 45 Presidente", creada después de que Trump dejase la Presidencia, el 20 de enero pasado, y se instalase en Mar-a-Lago, su mansión y club privado en Palm Beach (sur de Florida).
Schoen y Castor expusieron que es un "honor" representar al 45 presidente y a la Constitución de Estados Unidos", mientras Castor lo definió como un "privilegio"; sin tener en cuenta que el señor Trump convocó en una fórmula mediática al golpe de estado y derivó consecuencias que atentaron directamente contra la Constitución de esa nación y el perjuicio de millones de ciudadanos, además de promover la violencia como fuerza de retención de sus poderes presidenciales, cuando se habían dado a conocer los resultados de la votación que diera por vencedor al Partido Demócrata, con el señor Joe Biden al frente de la Oficina Oval.

Con el objetivo de condicionar la opinión pública, previa al inminente juicio, los defensores de Trump apelan a la propia Constitución violada, incluso cuando el exvicepresidente Mike Pence, rechazó activar la 25ª enmienda de la Constitución para apartar a Donald Trump de la presidencia antes de que expirara su mandato y lograr, en esa maniobra política e inconstitucional, privar a Trump de una salida con los plenos derechos que recibe un presidente de los Estados Unidos, una vez finalizado su mandato, y la posibilidad de una reelección cuatro años después.
"No creo que ese curso de acción sea en el mejor interés de nuestra nación o consistente con nuestra Constitución", aseguraba el señor Pence, en carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. De manera que no accedió a asumir la presidencia cuando otros 8 miembros del gabinete declaraban que Trump no estaba en condiciones de cumplir con sus responsabilidades.
Como si fuera poco, uno de los abogados de Trump acota que "La fortaleza de nuestra Constitución va a ser puesta a prueba como nunca antes en nuestra Historia. Es fuerte y resistente. Un documento escrito para perdurar en el tiempo que va a triunfar sobre el partidismo una vez más y por siempre", pasando por encima –con tal afirmación- de las cinco víctimas mortales y de las consecuencias directas para sus familias, de los hechos ocurridos el 6 de enero en el Congreso, en los cuales estuvo en peligro la vida de congresistas y senadores.
El señor Trump fue absuelto del primer juicio político celebrado en 2019, cuando fuera juzgado por dos cargos por presiones a Ucrania. Este, su segundo juicio político (la primera vez que un presidente de los Estados Unidos, en funciones, es acusado dos veces), por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio, podría concluir con su inhabilitación para ocupar cargos públicos en un futuro, si el Senado así lo decide.
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