Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación de Cuba, calificó como entorno excepcional el escenario en el que se ha desempeñado la economía cubana durante los cuatro primeros meses de 2021.
En conferencia de prensa efectuada hoy en esta capital el titular señaló que la pandemia de COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense tienen un impacto en la escasez de oferta, aunque se aprecian modestos resultados en indicadores que apuntan a una recuperación y se mantiene la aspiración de un crecimiento económico en 2021 en torno al 6 %.
Gil Fernández explicó que sustentan esta proyección la aspiración de alcanzar 2,2 millones de turistas, el favorable comportamiento de exportaciones como el níquel y los servicios de telecomunicaciones, y la consolidación y encadenamiento de la empresa estatal socialista y las formas de gestión no estatal.
Puntualizó que si Cuba crece en 2021 y 2022 alrededor del 6 %, se recuperará la caída económica que se produjo en 2019 y 2020, años en los que el Producto Interno Bruto del país fue negativo.
También subrayó como acciones en este período la ampliación del trabajo no estatal, la política de desarrollo territorial y el desarrollo de más de 100 programas vinculados al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.
Añadió que el país ha aprobado 60 medidas para incrementar e incentivar la producción agropecuaria, las cuales apuntan a romper el monopolio y eliminar las trabas en la comercialización y descentralizar los precios.
En esta etapa se anunciaron 15 medidas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, las cuales se unen a otras aprobadas con anterioridad que tienen el propósito de dotar de mayor autonomía al que es considerado el principal actor económico del modelo cubano.
No se trata solo de resistir sino también de desarrollarnos y el principal obstáculo para ello es el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos, que desde 2019 se ha arreciado en el ámbito económico.

El titular dijo que en la última etapa esta política genocida generó pérdidas entre 12 y 15 millones de dólares diarios, además de otros impactos asociados a la persecución financiera, los obstáculos para el cobro y pago de dineros, el desaliento a la inversión extranjera, la obstaculización de acceso a combustible y el encarecimiento de los insumos.
Cuba no renuncia al crecimiento económico proyectado, a pesar de que se mantengan inamovibles las políticas del bloqueo, manifestó Gil Fernández.
Argumentó que por el impacto de la COVID-19 varias actividades han sido paralizadas y se han incrementado gastos asociados a la lucha del país contra esta enfermedad en el entorno de los 300 millones de dólares y los dos mil millones de pesos.
Al valorar la implementación del ordenamiento monetario apuntó que si bien la medida tuvo problemas de diseño en su implementación, no es la causa de problemáticas actuales como la escasez de ofertas, la cual tiene como base la falta de liquidez del país, el arreciamiento del bloqueo norteamericano y el impacto de la pandemia.
Destacó que en los primeros meses de esta medida, que significó la unificación monetaria y cambiaria y la devaluación del peso cubano frente al dólar, las exportaciones de bienes crecen con respecto a igual período de 2020, se han creado más de 150 000 empleos y se avanza en la medición de los hechos económicos lo que incentiva la eficiencia y permite una mejor conducción de las políticas económicas.

(Tomado de ACN)
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Quiero llamar la atención sobre la tendencia que existe en entidades estatales de no realizar contratos con trabajadores por cuenta propia en determinadas actividades, en detrimento del encadenamiento productivo y de servicios que puede lograrse con la contratación de especialistas experimentados de este sector, lo que remarca la prevalencia aún de mentalidades conservadoras y con escasa preparación de los departamentos de recursos humanos que todavía no asimilan la contratación de estos servicios por medio del teletrabajo, asesorías y a través de proyectos de desarrollo local, que pueden brindar soluciones a sus entidades. Algunos dicen que esas soluciones de proyectos y tecnológicas ellos no pueden aceptarlas porque no están contempladas en la legislación y la Contraloría las señala como deficiencia.