Al cierre del martes 13 de abril estaban pendientes a tramitar en La Habana 3656 denuncias por el impago de las multas correspondientes al decreto 14/20, que sancionaba a los transgresores de las normas sanitarias establecidas para prevenir y controlar la propagación del virus SAR-CoV-2.

Así lo afirmó la víspera Jorge Luis Villa Miranda, coordinador de Programas de la Economía del Gobierno Provincial de La Habana , quien precisó que de esa cifra, 1222 corresponden a los infractores que fueron penalizados en diciembre del año anterior, y se concentran fundamentalmente en los municipios de Cerro, Diez de Octubre, Plaza de la Revolución, Marianao y La Habana Vieja.

Sobre los procedimientos para la resolución de esos débitos, el coordinador de Control y Fiscalización del Gobierno de La Habana, Orestes Llanes Mestres, explicó que si en un plazo de 30 días naturales, a partir de que se impuso la penalización pecunaria, el infractor no la ha honrado, se le duplica su monto, y al transcurrir otro mes , la oficina de multas municipal lo denunciará ante la unidad de la policía correspondiente, que será la encargada de presentar un expediente ante el tribunal municipal popular.

Por ese trámite, en el mes de marzo se celebraron más de 150 juicios, donde los acusados fueron sancionados con internamiento, reclusión domiciliaria o libertad bajo restricción de movimientos, la cual es supervisada por los jueces de ejecución y las estructuras de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), a nivel de comunidad y Consejo Popular.

La mayoría de los sancionados fueron ocupados en labores productivas en el sector agrícola, de los servicios comunales o la construcción.

Llanes aclaró que si en el transcurso del juicio un familiar o allegado decide pagar el débito, el tribunal podrá aplicarle una media subsidiaria o exonerarlo, según estime el soberano.

El funcionario también explicó que diez días antes que se venza el plazo de pago los grupos gestores de multas, junto a los jefes de sectores y los representantes de las organizaciones de masas visitan a los deudores para alertarles y persuadirlos de que liquiden sus adeudos, o de lo contrario serán sometidos a proceso judicial.

“El trabajo político de convencimiento es muy importante, subrayó, el objetivo no es llevar a la gente a juicio, lo mejor para todos es que se resuelva el impago por la vía administrativa, pero si hay que aplicar la ley, se aplica, nadie puede estar al margen de ella”, aseveró.

Llanes Mestre informó también que durante los cinco meses que estuvo en vigor ese decreto se aplicaron 57 000 multas, y al finalizar el mes de febrero, los infractores debían alrededor de 7 millones de pesos.

En este momento los municipios de Playa, Regla, San Miguel del Padrón, La Habana del Este, La Lisa, Boyeros y Cotorro ya tramitaron todos sus expedientes.

A partir del 1 de febrero del presente año ese instrumento jurídico fue sustituido por el Decreto/Ley 31 que incluyó 3 nuevos incisos, con vistas a reforzar el enfrentamiento a los que incumplen con los protocolos sanitarios, para evitar la propagación de la epidemia en la capital de todos los cubanos.

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