Una nueva sesión de consulta especializada sobre la versión 22 de Código de las Familias se celebró en la sede del Tribunal Supremo, con una representación de diferentes instancias de los tribunales.
Presidido por la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Farah Saucedo, y el presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Yohanier Sierra Infante, contó con la participación de magistrados del Tribunal Supremo, miembros del Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial, presidentes de tribunales municipales y jueces en materia de familia de las instancias de la provincia y sus municipios.
De acuerdo con Sierra Infante, se incluyeron en la consulta integrantes de los equipos multidisciplinarios de los tribunales de familia y estudiantes de Derecho incorporados en las salas de la ciudad.
El presidente del Tribunal Provincial Popular, destacó que "este es un código que nos toca a todos, porque todos somos parte de una familia".
Ludmila Collazo Rodríguez, vicepresidena del Tribunal Provincial Popular de La Habana en materia civil y familia, condujo el análisis del anteproyecto, que despertó varios criterios relacionados con el artículo 10. Razonabilidad de las decisiones en materia de familia, que indica que "las decisiones que se adopten en los litigios de naturaleza familiar han de ser razonablemente fundadas, atendiendo siempre a los principios y valores jurídicos que informan el derecho de las familias".
El juez Leonardo Martínez Quintana, del Tribunal Municipal de Regla, expresó su apoyo al texto del Código de las Familias, cuyo contenido da perspectiva de futuro y que podría acondicionarse a diferentes realidades que pueden ir surgiendo.
En diferentes intervenciones se expresaron y aclararon dudas respecto a la mediación, un acto que siempre tiene que tener el consentimiento de las partes; así como sobre la alimentación y abrigo de las personas.
En el caso del Artículo 63. Consentimiento y funcionarios encargados de la autorización, Leticia Blanco, de la Sala Tercera de lo Civil, del Tribunal Provincial, expuso la necesidad de esclarecer el término "consentimiento puro y simple de los contrayentes" en la formalización del matrimonio.
También se expresaron criterios acerca de las prohibiciones absolutas para la formalización del matrimonio (Artículo 66), que establece que no pueden formalizar el matrimonio a) las personas menores de 18 años de edad, salvo las que hayan sido autorizadas excepcionalmente por el Tribunal con 16 años cumplidos. Al respecto, se propuso que exista la posibilidad de emancipación de la familia de personas a partir de los 16 años, sin que ello esté supeditado a la institución matrimonio.
En el encuentro se propusieron cambios de términos, por ejemplo "sistemas de apoyo" en lugar de "apoyo intenso" en el Artículo 108.4; en el 141. Imprescriptibilidad de la acción (divorcio) se propone mantener "La acción de divorcio puede ejercitarse en todo tiempo" y eliminar la frase "mientras subsista la situación que la motivó", incluida en la actual propuesta.
En el caso del Artículo 148. Atribución del derecho de usufructo de la vivienda en que residió el matrimonio, se opinó acerca de las complejidades que implicará a la hora de su aplicación, mientras que se expresaron dudas en los artículos 164 b) y 166 b), sobre los requisitos esenciales a los que se refiere.
De acuerdo con Martínez Quintana, el código es exhaustivo, meticuloso, aporta herramientas, es avanzado y predominantemente protector, sobre todo para las personas más vulnerables de las familias.
A su vez, señaló el juez, el código viene cargado de retos que deben asumirse por la confianza que tienen las personas que acuden a los tribunales.
"Es un avance para el derecho, para la sociedad cubana y para los jueces y va a requerir mucha preparación", consideró Liliana González Pérez, de la Sala Uno de lo Civil del Tribunal Provincial.
Por su parte, indicó Claudia Ruiz Zubiaur, también de la Sala Uno de lo Civil del Tribunal Provincial: el documento "hace justicia a las realidades que se venían dando en la sociedad cubana y que demandan de protocolos de actuación con enfoque de género".
Esta sesión forma parte de las consultas especializadas que, junto a las opiniones de la población, integran el proceso para la posterior discusión como proyecto en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Según se ha dado a conocer, se prevé que un total de 47 instituciones participen en el proceso de consulta especializada, el cual debe culminar el próximo 15 de octubre.
Entre los intercambios realizados se encuentran los de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, el Ministerio de Justicia, la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana (UH), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción, la Unión de Informáticos, el Ministerio de Educación, la Asociación Cubana de Limitados Físico Motores, la Asociación Nacional de Sordos, la Asociación Nacional de Ciegos, el Centro de Estudios Demográficos y la Facultad de Sociología -ambos de la UH-, el Centro Nacional de Educación Sexual, las redes LGBTIQ+ y la Sociedad cubana para el Estudio de la Sexualidad.
Hasta la fecha de cierre de las consultas, se desarrollarán intercambios también en la Central de Trabajadores de Cuba, la plataforma interreligiosa y la Fiscalía General de la República, entre otras áreas.
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Propongo se establezca en este Código que los adultos al alcanzar los 65 años paguen el 50% de los productos y servicios que adquieran, lo cual es una práctica en muchísimos países, no sólo desarrollados, y que en la situación que estamos viviendo nos permitiría tener una vida más digna