El último de los encuentros realizado por el Tribunal Provincial Popular de La Habana, en su recorrido por barrios de la capital, tuvo lugar en el municipio de Cerro.
La ocasión fue propicia para que en la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo se efectuara una reunión que devino en un intercambio de opiniones e inquietudes, en la que se encontraban presentes Yojainer Sierra Infante, presidente de la institución judicial; Víctor Torres Serrano, miembro del Comité Municipal del Partido; el teniente coronel, Osbel Martínez Pérez, jefe de la PNR municipal, además de jueces, asistentes judiciales, representantes de las organizaciones de masas, de la Dirección Municipal de Trabajo, la CTC, especialistas del trabajo social, y una amplia representación de sancionados que están cumpliendo en libertad sus sanciones penales.
Sierra Infante explicó en su intervención: “…La Habana ha definido 65 barrios complejos socialmente, a los cuales hay que atender, acompañar, resolver un grupo de problemas y a su vez, sumar a la propia población en pos del progreso”.
Enfatizó que “los tribunales han identificado medidas que, desde su posición, pueden coadyuvar al desarrollo de estas comunidades. Es nuestra responsabilidad coordinar, controlar a las personas que cumplen sanciones penales en libertad y residen en estos barrios. Para ello la actividad del Juez de Ejecución tiene tres principios fundamentales: atender, influir y controlar. Esta es la última de las reuniones, por lo que hemos escuchado a sancionados de todos los municipios”.
En el intercambio, que se suscitó en un ambiente de respeto y acercamiento que muestra el carácter humanista del sistema jurídico, se plantearon preocupaciones relacionadas con problemáticas que impiden el cumplimiento de la sanción, las cuales van desde situaciones complejas de convivencia familiar hasta dificultades para lograr el vínculo laboral por su condición penal. Asimismo, hubo solicitudes de asesoramiento para revisión de causas, dudas sobre el pago de indemnización en la caja de resarcimiento y de la cancelación de antecedentes penales.
La atención que reciben en las comunidades es un aliciente para los sancionados que los motiva en su barrio a insertarse en las tareas propias de esos lugares como trabajos voluntarios en obras de remodelación. En este sentido, se les reconoció por esta labor que promueve el bienestar comunitario.
Isel Furet Faez, Jueza de Ejecución del Tribunal Municipal Popular de Cerro, comentó a Tribuna de La Habana: “Aunque ha sido un período difícil por la actual situación epidemiológica, la labor para la reinserción social se ha podido desarrollar. Esto, en gran medida, ha sido posible por el trabajo conjunto con las organizaciones de la comunidad. Se han vinculado a trabajos remunerados y se ha comprometido a las administraciones velando por los derechos laborales de los sancionados”.
El mismo tribunal que sanciona se interesa por la persona para que cumpla y de todo lo que se pueda hacer para que lo haga bien. Es una tarea que suma, reflejo de que el objetivo es la reinserción social en el cumplimento de la ley.
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