Fiscalía en tiempos de COVID-19

Herederos de la tradición de Ignacio Agramonte, profesionales del derecho que ejercen como fiscales, como parte del equipo de la Fiscalía Provincial, han actuado con celeridad, pero apegados a la legalidad y los derechos de las personas.

Hace ya 155 años, al desarrollar su tesis de Grado para recibirse como Licenciado en Derecho Civil y Canónico, Agramonte señalaba: “la libertad de obrar consiste en hacer todo lo que le plazca a cada uno en tanto que no dañe los derechos de los demás... el individuo mismo es el guardián y soberano de sus intereses, de su salud física y moral”.

Siglo y medio después

En tiempos de COVID-19, la Fiscalía Provincial de La Habana rediseñó sus sistemas de trabajo para lograr el cumplimiento de las medidas sanitarias y las orientaciones del Consejo de Defensa Provincial, sin dejar de garantizar sus otras funciones, en medio de un contexto que demandaba su vitalidad.

“El Consejo de Defensa, con la aprobación de la Fiscalía General de la República, le indicó a la Fiscalía Provincial realizar acciones de control en sectores, personas y centros vulnerables, relacionados con la producción de alimentos, el cuidado de la población, las medidas sanitarias, hogares de ancianos, hogares de niños sin amparo familiar, escuelas de conducta y centros de protección social, con fiscales de diferentes municipios, para velar especialmente por el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por la dirección del país”, explicó en conferencia de prensa Esmilda Olivares Sánchez, vicefiscal jefa provincial de la Fiscalía Provincial de La Habana.

A su vez, destacó, la respuesta penal a hechos y conductas que se suscitaron durante este período requirió celeridad y oportunidad, mediante la creación de sistemas que respondieran a esa necesidad.

Para ello, se crearon equipos de trabajo para evaluar y revisar los procesos penales derivados del enfrentamiento a la pandemia que deben ser presentados al tribunal, y otro que  celebra estos juicios orales. Por los resultados y la efectividad de esos mecanismos, destacó Olivares, esos dos van a perdurar después de la pandemia.

Garantía  y transparencia

De acuerdo con Antonio Hernández Barreda, vicefiscal jefe de la Fiscalía Provincial de La Habana, en el caso del grupo del proceso sumario, evalúan todas aquellas denuncias relacionadas  con el enfrentamiento a las conductas delictivas vinculadas con la COVID-19.

Hasta el 4 de junio, en la ciudad se habían radicado tres mil 453 denuncias de esta naturaleza, fundamentalmente por propagación de epidemias, una de las tipicidades delictivas de mayor enfrentamiento por parte de los órganos de la policía y la fiscalía, dada la necesidad de proteger la salud colectiva, así como delitos de desobediencia y desacato a las autoridades.

Con el mandato de velar por la calidad de los procesos investigativos, dijo Barreda, al frente de ese equipo, se revisaron las denuncias y se prepararon y celebraron en los tribunales municipales, con la presencia de fiscales, alrededor de 558 juicios de proceso sumario, aun cuando en ese tipo de procesos no es obligatoria su participación.

“Para darle mayor garantía y no dejar la política penal solo en manos del tribunal, la fiscalía decidió que participaran nuestros fiscales en la totalidad de los juicios -558 con 700 acusados, y más de 80 por ciento de sanciones de privación de libertad o trabajo correccional con aislamiento”, destacó.

Según dijo, este número de juicios representa apenas el 21 por ciento de las  denuncias, toda vez que el mayor por ciento de las actuaciones se decide por tratamientos administrativos, según el artículo 83 del Código Penal.

El grupo, agregó, tiene también la responsabilidad de depurar y brindar un tratamiento diferenciado. “No es el mismo para una persona reiterativa en este tipo de manifestaciones vinculadas con la COVID-19, que quien lo hace por primera vez. Esa depuración también nos ha permitido acertar en cuanto a la política penal en relación con estas conductas”.

“El funcionamiento de este grupo se va a quedar como sistema, por su efectividad, al lograr un 100 por ciento de atestado directo en actuaciones de sumario  y la participación de fiscales en la totalidad de los procesos sumarios”, enfatizó.

Según explicó, la función del fiscal al participar en el juicio oral no sólo es aquella de ejercer la acción penal, establecida por mandato constitucional, sino también velar por el cumplimiento de la legalidad, por que se imponga una sanción ajustada a la conducta y características del hecho, y además  velamos por que se cumpla la ley y los derechos de los ciudadanos, incluida la presencia de  abogados.

Legalidad

“El artículo 156 de la Constitución da la misión a la fiscalía de controlar la investigación penal y garantizar el cumplimiento de la legalidad por los ciudadanos, los órganos del estado, las entidades y demás organizaciones. A su vez, la propia constitución dio carácter de derechos y garantías constitucionales a lo que hasta el 10 de abril de 2019 eran garantías procesales en el proceso penal”, profundizó Yaimara Ángulo González, vicefiscal jefa provincial

“La principal misión que tiene este grupo, que sesiona en el centro alternativo, es garantizar el cumplimiento de los Derechos constitucionales que enarbola la Constitución dentro de su propio texto por eso”, dijo.

El grupo incide, revisa y analiza todos estos procesos desde su radicación y en cada uno de los casos, ha sido la decisión del fiscal lo que ha viabilizado el final de estos procesos penales. Si hoy estamos hablando de un 99,3 por ciento de efectividad en el enjuiciamiento –con mínimos niveles de absolución-, es precisamente porque este grupo ha contribuido a que el resto de las acciones que van encaminadas en el propio proceso penal, sean efectivas, objetivas y tributen a un enjuiciamiento efectivo, que al final se obtiene en el tribunal.

Lecciones de estos tiempos

A juicio de Esmilda Olivares Sánchez, durante la pandemia, ha significado un reto para la fiscalía la comunicación. “De conjunto con los sistemas informativos, hemos podido lograr informar a la población los principales hechos que han acontecido y las principales acciones en las que hemos trabajado.

A su vez, dijo, se logró la atención a la población por vías no presenciales: telefónica, buzón postal,  portal web y correo electrónico. “Todos los reclamos de la población fueron atendidos y se les ofreció respuesta a todas las inquietudes que se fueron planteando”.

Las modalidades de trabajo a distancia, apuntó, también constituyen un desafío para la organización y el control de los recursos humanos en la fiscalía provincial, donde para mantener la vitalidad de los órganos se han tenido que organizar el tiempo y racionalizar los recursos, mediante la creación de sistemas de trabajo que perdurarán.

Según Antonio Hernández Barreda, aunque la fiscalía no escapó a todas las medidas que tuvo que tomar todos los organismos en relación con las reducciones de plantilla, por madres con niños pequeños y personas con riesgo que debieron quedarse en casa, se garantizó la radicación de las denuncias y la presencia de fiscales en los juicios.

“Esto no hubiese sido posible de no contar con la participación de los jóvenes fiscales. Nos llena de orgullo ver cómo como estos muchachos, sobre todo los destinados a la realización de estos actos de justicia, son jóvenes y, fundamentalmente, mujeres, quienes se han sobrepuesto a todas las restricciones para celebrar los juicios relacionados con el enfrentamiento a la epidemia.