Más de un millón de trabajadores en el sector presupuestado fueron beneficiados con un aumento salarial como parte de las medidas para potenciar la economía del país. Para garantizar el impacto real de esta medida, los Consejos de la Administración de cada territorio establecieron precios máximos para la venta de productos agropecuarios.

Grissel de la Nuez, directora provincial de Finanza y Precios en La Habana, explicó que las regulaciones fueron precedidas por estudios realizados por autoridades de los 15 municipios, un grupo de trabajo del Consejo de la Administración Provincial (CAP)y otras entidades relacionadas a la actividad.

Este estudio, a su vez, estuvo antecedido por el análisis de los precios vigentes vinculados a los productos agropecuarios que regían en mayo y junio. “Partimos de las propuestas de cada municipio y a partir de ahí se escogió una media”, agregó de la Nuez, aunque los Consejos de la Administración Municipales tienen el poder de regular productos en sus territorios.

El tope de precios abarca 28 productos (como viandas, hortalizas, vegetales, frutas y granos), pero la regulación, enfatizó de la Nuez, se evaluará sistemáticamente y podrá cambiar teniendo en cuenta la estación de las producciones y la ampliación de las capacidades de producción del sector estatal.

En presencia de Meisi Bolaños, titular del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), la representante del organismo en La Habana, Grissel de la Nuez, explicó en conferencia de prensa que las regulaciones estuvieron antecedidas por un estudio en los 15 municipios. Foto: Tomada de ACN

Afirma la especialista: “Por ejemplo, se reguló la carne de cerdo (que llegó a costar 70 pesos la libra) y en sus diferentes formas oscila entre 35 y 45 pesos; sin embrago, los mercados estatales de la Empresa Agropecuaria la venden entre 19-21 pesos. En la medida en que el país incremente la producción de masa porcina, el precio irá disminuyendo”.

Igualmente, la directora aclaró que, si el límite máximo fijado para un producto en el territorio es superior al de su comercialización en determinado negocio, se debe mantener el precio vigente hasta el momento; además de que existe la posibilidad que se establezca precios máximos a otros productos aún no contemplados en las normas.

La funcionaria insistió en que no se viola el principio de comercialización de oferta y demanda; solo se han regulado los precios que estaban elevados sin un sustento económico pues no se habían incrementado los impuestos a los trabajadores por cuenta propia, ni los costos a los que adquieren las mercancías, materias primas o insumos.

Un sistema de vigilancia de las normas y el monitoreo constante a los precios son acciones que se ejecutan y, por su parte, Érica Ferrer, directora de la Empresa Provincial de Mercados Agropecuarios, enfatizó en la necesidad de ofrecer a la población mayor y mejor información sobre la red de comercialización.

En la comercialización de productos agropecuarios en la capital no solo toman parte los 151 mercados estatales de la cuidad, con presencia en todos los municipios, sino también 60 Cooperativas No Agropecuarias (CNA), 325 puntos de venta arrendados por formas productivas, 17 mercados de oferta y demanda, y más de 700 vendedores minoristas y 600 carretilleros.

Ferrer aclaró que no todos poseen la misma norma regulatoria de precios y que muchas veces la población lo desconoce; como consecuencia, deben garantizar que en los diferentes mercados se exhiban los precios aprobados.

La empresa habilitó el correo electrónico pd.epm@epma.ch.gob.cu y el número telefónico 78775760 para recibir quejas y denuncias. En este sentido, se han aplicado 32 medidas organizativas y cerca de 45 disciplinarias, aunque la titular reconoce no ha sido suficiente.

“Las violaciones de precios o de las normas, serán consideradas graves dentro del reglamento disciplinario de la Empresa Provincial de Mercados Agropecuarios. Las medidas contra los infractores abarcarán desde la cancelación del contrato de arrendamiento hasta el retiro de la licencia”, enfatizó Ferrer, quien esclareció que, si se quebranta el pesaje o la calidad, se afecta al cliente y se convierte en una violación de precios.

Actualmente, y en esa misma línea, se estudian las barbería y peluquerías a partir de inquietudes de la población y el CAP analiza las cafeterías vinculadas a las CNA y las más de 500 de la gastronomía estatal, pues este último sector debe ser más eficiente.

“Elaborando más -dijo la directora provincial de Finanzas y Precios- garantizamos esa gastronomía popular barata que está demandando la población y mejores resultados económicos y financieros para la empresa, lo cual contribuye a los ingresos del presupuesto”.