Tras el aumento salarial del que goza actualmente el sector presupuestado, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) ha emitido tres resoluciones: la 300, 301 y 302 que regulan el aseguramiento de este dinero, prohíben el aumento de los precios de comercialización y establecen límites máximos. Sin embargo, más de 400 quejas y denuncias ha recibido y procesado este ministerio, desde el pasado cinco de julio, con respecto al cumplimiento de estas nuevas políticas. 

La Resolución 300 prevé la aplicación de la Contribución Especial a la Seguridad Social por los resultados de los trabajadores en el sector presupuestado, a partir del mes de julio. Con antecedentes en este sistema y de carácter escalonado, la resolución obliga a descontar un 2,5 % a quienes cobren hasta 500 pesos y si superan esta cifra el descuento pasa a ser del 5%; así como el Impuesto sobre los Ingresos Personales indica el descuento del 3% si el salario escala aprobado es igual o mayor a los 2500 pesos en moneda nacional.

Las retenciones de las cuantías de estos impuestos entraron en vigor a partir del primer pago del incremento salarial y son responsabilidad de la entidad donde labora el trabajador, que se libera de la ejecución de los trámites tributarios.

Mientras, la 301 regula que los precios para el comercio mayorista entre empresas y entidades del mencionado sector no se incrementen para que no derive en un aumento dentro del comercio minorista, este último contemplado dentro de la resolución 302.

Lourdes Rodríguez Ruiz, viceministra de Finanzas y Precios, confirmó que se han dictado un grupo de normas para que no se incrementen los costos en los mercados mayorista y minorista por lo que no se pueden incrementar los precios en ninguna forma de gestión estatal o no estatal.

Ya existía un grupo de productos básicos centralizados por el Ministerio, además del subsidio de la canasta familiar y el tope de las mercancías liberadas para la población.

El MFP también ha ido revisando, de conjunto con las cadenas de tiendas, el comportamiento de los márgenes comerciales de los productos que se ofertan en CUC y, aunque existen algunos cuyos precios resultan altos, la mayor parte (principalmente los alimenticios) se comercializa solo con el costo o con un margen comercial que no rebasa el 1.30.

Las mayores quejas del pueblo son respecto a la comercialización de productos listos para la venta y la tarifa de los transportistas privados. Estas inquietudes, en su mayoría, han sido atendidas por los Consejos de Administración de los territorios y las cadenas de tiendas, que poseen un plazo no mayor de una semana para investigar y adoptar las medidas necesarias.

Además de un grupo de monitoreo de precios, el organismo ha habilitado varias vías de comunicación para que la población denuncie las violaciones o irregularidades que observe, como el sitio web del Ministerio de Finanzas y Precios (www.mfp.gob.cu ), los perfiles de Facebook y de Twitter (www.facebook.com/www.finanzasprecios y @finanzasprecios, respectivamente ) y el teléfono 78669107.

El Ministerio también trabaja en varios proyectos para hacer más expeditas las denuncias y un sistema de información de precios que permita conocer en tiempo real cuáles son las cuantías establecidas para los bienes y servicios.

Foto: José Raúl Concepción

La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, señaló que el mayor compromiso en el plan de contribución presupuestaria del Estado, e incluso la identificación de las reservas de los potenciales ingresos lo tiene la empresa estatal socialista, tributaria del 85 por ciento de los aportes al presupuesto.

Así como todos los implicados se esfuerzan por comercializar productos de línea económica en las condiciones actuales del país, las unidades productivas deben cumplir sus ventas y diversificar las ofertas para la población.

De igual forma, la disciplina en los aportes y el control son necesarios para preservar el valor real de la remuneración creada para cerca de un millón 400 mil personas.

“Vamos a ser rigurosos con aquellos que intenten, mediante artificios, evadir y violar las nuevas medidas aprobadas para evitar el incremento de los precios”, insistió Bolaños, no sin dejar de mencionar que “el propósito no es frenar el desarrollo de las formas no estatales”.

En este contexto, las autoridades provinciales y municipales tienen la facultad para regular los precios en correspondencia con las condiciones económicas y sociales de cada territorio.