La misma “cabecita de ajo” que ayer costaba 60 pesos, esta mañana la subieron a 100 pesos en el mercado de 160 y 51, en La Lisa. Así me contaron hace una semana, cuando la situación de emergencia con la electricidad y el ciclón Oscar pintaban con tintes grises la realidad de los cubanos. ¿Y alguien se quejó, apareció algún inspector o directivo del mercado? Le pregunté a quien por años ha sido abanderada de hablar, tramitar y quejarse en los lugares adecuados, no siempre con resultados positivos.
No. A esa hora sin luz, cada uno con sus emergencias… Era lo tomas o lo dejas, respondió. Inmediatamente vinieron a mi mente casos de especulación, pero sobre todo de vandalismo, que afloraron junto a otros delitos, aprovechándose de la situación de contingencia cuando sufrimos los embates de los huracanes Gustav y Ike, en el 2008, e Irma, en el 2017.
En ambas ocasiones hubo rápida y enérgica respuesta, ante las denuncias, sobre aquellos que intentaron infringir la legalidad en circunstancia tan especial, tal cual recogía el Código Penal, que en su nueva versión, aprobada en mayo del 2022, aumentó el marco sancionador para el delito de especulación y acaparamiento y se estableció la responsabilidad de los funcionarios o empleados públicos.
Y sin ir más lejos, hace pocos días, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel subrayaba que “no vamos a aceptar ni vamos a permitir que alguien actúe provocando hechos vandálicos, y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo”, al referirse a las medidas que se adoptarán con las personas, “la mayoría en estado de embriaguez”, (…) que trataron de “provocar alteraciones del orden público”.
Recuerdo que cuando el Irma, la Fiscalía General de la República de Cuba informó que investigaba actos delictivos ocurridos en el país durante el paso reciente del meteoro, y precisó que como conductas más marcadas estaban la especulación y el acaparamiento.
Este breve recuento es para demostrar que existen los mecanismos sancionadores hasta para aquellos que no les basta con subir constantemente el precio de los productos sino que tratan, y lo logran, de medrar hasta en momentos como los vividos hace unos días.
También en este caso las autoridades pertinentes tendrán que estar a ojo avizor y nunca sobrará la alerta, para que los aprovechadores sepan cuánto les puede costar su felonía.
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En el Agro de 17 y K, en casi todas las tarimas te roban, cuándo compruebas siempre te falta
hay cosas y cosas; casi nunca los tarimeros tienen facturas de sus compras y te engañan diciendo que lo compraron a tanto y mas cuanto y por eso venden a ese precio que venden. No quiero criticar a los periodistas, pero aun no he visto a ninguno que en sus artículos siga la pista hasta el final dejando siempre la información inconclusa quedándose el lector con ganas de saber,es como una novela sin final. Veamos, cuando un tarimero te dice que pagó a tanto el quintal de producto y te muestra una factura rara, Quien va a verificar la copia de la factura con el vendedor? Quien va a la ONAT a ver si ese vendedor realmente vendió a ese precio y pagó el consabido tributo por las ventas a ese precio... y así seguir los hilos. Nos falta mucho por aprender, pero en tiempos de pillos rastacueros hay que andar claro y ser mas exigente. Basta ya de manos blandas. a esos abusadores hay que cerrarles los negocios y quitarles las licencia, aunque de seguro que te dirán que se les quedó en la casa. La batalla es dura, pero hay que luchar, que todo sea por nuestro pueblo, que creo que se lo merece.