Jorge Mieres, jefe del Departamento de Atención a la Población en el Ministerio de Energía y Minas, responde a la inquietud de María Terry, publicada en este espacio, acerca de la paralización de los contratos para adquirir gas liberado y la falta de respuesta del Gobierno del municipio de Arroyo Naranjo, al que tramitaron, a través del delegado de la circunscripción, los vecinos de 12 apartamentos en el reparto Sevillano, desde 2008.

El directivo precisa "que hasta mediados de 2019 se podía hacer un contrato liberado de glp (el llamado gas de balita)" y en 2021, cuando analizaron el tema con funcionarios en el citado municipio, se demostró que más de 1 300 núcleos familiares habían accedido a dicho servicio.

Igualmente subraya que las causas por las cuales está detenida de manera temporal la autorización de nuevos contratos ha sido divulgada por los medios de comunicación y ejemplifica con el artículo publicado en el diario Granma, el 12 de enero de 2021, en el cual se explica “que el bloqueo contra Cuba ha provocado que se dupliquen los montos de los cargamentos de importación del gas licuado, al tener que recurrir a fuentes de suministro fuera del área del Caribe y no poder disponer de varios proveedores. Asimismo, existe un déficit de cilindros, a partir de la imposibilidad de la industria nacional de cumplir la demanda presentada por cupet, unido a las dificultades para suplir esa carencia con importaciones desde marzo de 2019 hasta la fecha, todo lo cual imposibilitó extender la venta liberada e incrementar nuevos clientes”.

Mieres insiste en el tiempo que estuvo vigente la firma de los contratos, pues “si la firmante de la inquietud se mudó en 2008, no explican por qué no hicieron otra gestión en tantos años”; no obstante, puntualiza que “la empresa esclarecerá concretamente este caso y le ofrecerán respuesta a la ciudadana y al diario”.

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