A pesar de tener una Resolución del Tribunal Provincial Popular de La Habana a su favor desde octubre de 2019, Esteban Sánchez Sánchez se siente desamparado, porque a estas alturas ninguna institución hace cumplir lo dictaminado y se han agravado los motivos por los cuales interpuso reclamación.

En su carta a esta sección expone que todo parte de las filtraciones provocadas por vecinos usufructuarios de la planta alta de su vivienda, algunas de ellas causantes de desprendimientos en el techo.

Larga data tiene el problema, pues en mayo de 2018, este propietario de su inmueble, en San Rafael No. 803, acudió a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) en Centro Habana, para solicitar un dictamen técnico que avalara su queja.

A finales del año siguiente tuvo el informe conclusivo del Departamento de Edificios Múltiples de aquella entidad, que al fin, falló a su favor en 2021. Pero Esteban se lamenta de que nadie pone el punto final al caso.

En la DMV le dijeron que habían terminado con su parte; en la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (antes Planificación Física), le plantearon que es Control de Fondos del Tribunal.

También acudió en varias ocasiones a la Fiscalía Municipal, donde decidieron tramitarlo para el Gobierno en la localidad. Al mes de esa última acción su expediente volvió a la DMV y como nada cambió, solicitó entrevista con el Intendente.

Del intercambio, en marzo de 2022, se concluyó que los casos de los usufructuarios (vecinos demandados) son responsabilidad estatal y, por lo tanto, la DMV debe hacerse cargo.

Esteban no constata en su carta si hubo acuerdo de que volviera al Gobierno municipal, porque recalca que cada viernes de abril retornó porque era el día fijado para atender población, pero el Intendente no se encontraba.

El 25, una compañera lo atendió y le dieron cita para la semana siguiente, nuevamente en la DMV . Allí se determinó que pidiera un dictamen técnico.

Sin embargo, cuando lo recogió 20 días después, “la jefa del Departamento de Edificios Múltiples me plantea que no lo recibirá porque eso no es problema de su dirección”.

Ahora, en espera de respuesta de la Fiscalía General de la República, el lector nos escribe porque su caso está en un limbo, y se pregunta si le quedará vida para ver resuelto el problema.

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