Resulta aberrante que una organización como la OEA que nunca censuró ni condenó los horrendos crímenes, las desapariciones forzadas y torturas a seres humanos por regímenes militares en la región latinoamericana y que trajeron consigo cientos de muertes, (considerable número de madres, hijos y familias fracturadas por violencia y represión), sea capaz de imponer acuerdos o disposiciones que laceran la soberanía de otras naciones.

Tampoco la denominada Organización de Estados Americanos denunció ni tomó medida alguna contra los promotores de Golpes de Estado en varios países, por solo mencionar algunos; en Venezuela, Honduras, Bolivia y Perú, aunque la lista es mucho más larga.

Silenció también el encarcelamiento injusto y sin pruebas del actual dignatario de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, víctima entonces también, como hoy Maduro en Venezuela, de un complot de la rancia derecha local y regional, bajo la égida de la Casa Blanca, lo cual no debe olvidarse por ser parte de la historia reciente.

No se pronunció ese ente regional contra los intentos de asesinato a líderes sociales ni a presidentes electos por su pueblo como Hugo Chávez, en Venezuela, blanco de intentos de homicio y de planes golpistas con empleo de terroristas y delincuentes al servicio y en nómina de opositores a la Revolución Bolivariana, quienes también han sembrado odio y violencia.

En la región, cada país tiene el sistema político-económico que la mayoría de su población eligió, y no siempre ello está en línea con intereses hegemónicos predominantes. Pero es hora que se respete el derecho de cada pueblo a elegir lo que considere apropiado para su proyecto de vida, y por medios pacíficos y la vía electoral que la democracia de cada nación, considere pertinente.

Lamentablemente, los que más critican hoy el sistema electoral venezolano como resulta ser el gobierno de los Estados Unidos mantienen tejados de vidrio rasgados, su último proceso electoral fue un escándalo de incongruencias y denuncias de fraude, y culminó con el asalto al Congreso en Washington, algo insólito propio solo de filmes de Hollywood. Y sin embargo, la preocupada OEA y su secretario general Luís Almagro, hicieron mutismo al respecto.

Las maniobras de la ultraderecha regional son desesperadas ante los avances de políticas sociales y económicas alejadas del neoliberalismo salvaje y de la expoliación tradicional de los recursos de los pueblos que vienen gestándose en algunos territorios. De ahí la conspiración contra quienes apostan a la salvaguarda de sus recursos naturales y buscan mayor equidad, y menos desigualdad.

Cuba conoce de cerca la doble moral de la OEA y de sus patrocinadores, esos que apoyan bloqueos que quebrantan derechos humanos de millones de ciudadanos. Sabe también cómo actúan con empleo desmedido de sus medios de comunicación y ahora redes sociales para crear matrices de opinión negativas sobre procesos emancipadores y cómo utilizan falacias, y tergiversan la realidad para influir en la opinión pública local e internacional.

Son millones de dólares los que contra la Isla y otros pueblos son distribuidos cada año a través de agencias y entidades con fachadas humanitarias y económicas de Norteamérica, además de donaciones personales. La Mayor de las Antillas sigue siendo víctima de esa ignominia, la misma que emplean contra otros Estados soberanos por el mero hecho de no compartir iguales sistemas e ideologías.

En esta ocasión, el show mediático orquestado por la OEA y sus acólitos es contra Venezuela, la cual además no es miembro de esa institución desde hace unos cinco años, de ahí la falta de competencia para pronunciamientos contra ese país, algo que sus legisladores no han tenido en cuenta.

El pueblo de Venezuela y sus instituciones jurídicas y electorales, -como en cualquier otra nación-, incluyendo el “ paladín de la democracia, Washington”, son los únicos con autoridad para discernir cualquier diferendo.

Los terroristas y extremistas que lanzan cocteles molotov, incendian centros de salud, escuelas, estructuras socio-económicas y en las calles agreden y matan personas, no pueden considerarse presos políticos, son delincuentes, y a veces drogadictos o mercenarios, la mayoría pagados y estimulados a provocar daños, y ello en cualquier lugar del mundo es sancionable.

Lo que tiene que acabarse es la impunidad y el apoyo a los que apostan a la violencia y desestabilización, los pueblos están hastiados de esas políticas macabras orientadas a fomentar terror y odios.

La OEA debería preocuparse más por resolver las abismales y crecientes desigualdades sociales, económicas, de raza, credo, y otras de origen clasista que imperan en esta región, y contribuir más al desarrollo sostenible y a la complementariedad de las economías encaminado hacia la reducción de la pobreza extrema, el analfabetismo, la carencia de servicios de salud, seguros sociales y empleo.

Su larga y desacreditada historia de silencio ante las prácticas horrendas de torturas y asesinatos realizados por regímenes militares en la región, más su mutismo y relación directa e indirecta con promotores de Golpes de Estado en países de Latinoamérica y particularmente del Sur del continente, es inadmisible.

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