El alto grado de letalidad de la pandemia de la COVID-19 ha demostrado cuán frágil ha resultado ser el Sistema de Salud en decenas de naciones.

Su propagación no ha distinguido entre países del Primer y Tercer Mundo, la inmensa mayoría de la humanidad es víctima del flagelo, y solo la fortaleza y organización de estructuras sanitarias existentes en determinados pueblos ha permitido salvar millones de vidas y reducir los niveles de contagios y muerte de ciudadanos.

Sin embargo, resultó sorprendente que Estados industrializados de Europa y América hayan visto colapsar sus sistemas sanitarios de manera impactante, debido a la acelerada propagación del virus y la insuficiencia de equipos de soporte respiratorio, mascarillas y trajes de protección para la labor de galenos y enfermeros en redes de emergencia, hospitales y campamentos habilitados para atender miles de enfermos.

No es comprensible que haya administraciones que inviertan colosales cifras de dinero en incrementar su arsenal armamentista y reduzcan o destinen menor presupuesto cada vez para los sectores de Salud y Educación, esos que garantizan vida y conocimientos imprescindibles para el sustento de cualquier sociedad contemporánea.

En Latinoamérica la situación se torna cada vez más preocupante. Aquí existen un importante número de países adheridos al neoliberalismo como Brasil, Chile, Ecuador, Perú, y muchos otros de la región los cuales cumpliendo recetas estrictas del Fondo Monetario Internacional y otros centros de poder económico y también de Washington, se encuentran en situaciones muy desfavorables para hacer frente a esta pandemia que precisa del desarrollo del sistema de Salud de manera integral y aportes sustanciales de recursos humanos y tecnológicos, los cuales casi siempre no constituyen prioridad de los gobiernos de derecha. Estos generalmente con sus medidas de ajuste fomentan la inequidad, las desigualdades sociales, y en cambio, favorecen a oligarquías locales y transnacionales foráneas.

Una premisa básica y profundamente humana en cualquier sociedad debe constituirlo el acceso gratuito de la población a tratamientos médicos e ingresos hospitalarios, no solo ante una enfermedad como la COVID-19, sino ante cualquier dolencia. No puede concebirse que existan personas que por no contar con seguro médico o capital para sufragar los servicios sanitarios, puedan sufrir o morir.

Sin embargo, existen naciones como Cuba, asediada por los Estados Unidos de América con un bloqueo criminal y antihumano sin precedentes que dura más de medio siglo, y aún en esas condiciones la Isla mantiene un sistema social inclusivo que ha permitido el control y tratamiento oportuno de la pandemia, sin que sus ciudadanos tengan que aportar un centavo para recibir atención, al tiempo que su personal médico y paramédico recibe protección, lo cual incluye además, vacunas preventivas orientadas a minimizar los desenlaces graves del mortal virus.

Igualmente se han dictaminado medidas oportunas de restricción, y distribuidos medicamentos que pueden minimizar los efectos de la COVID en población vulnerable de las localidades del país.

También la Mayor de las Antillas continúa brindando ayuda solidaria a otros pueblos que lo han solicitado con el propósito de contribuir a salvar vidas.

Esta situación global ha demostrado que el planeta precisa de políticas más justas que permitan alcanzar avances económicos con estrategias sociales de amplia participación popular. Las Naciones Unidas pueden tener un rol preponderante en el contexto pos-pandemia, delineando un nuevo mundo más solidario, basado en una mayor cooperación y menos beligerancias, como demanda la comunidad internacional.