La comunidad internacional, y en especial la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que preside no pueden soslayar el criminal bloqueo que ha impuesto los Estados Unidos de América contra el noble pueblo de Venezuela. 

Solo de genocida puede catalogarse ese asedio imperial que incide directamente en las condiciones de vida de la población y particularmente provoca la muerte a niños, ancianos o ciudadanos de esa nación que precisan de alimentos, medicinas y tratamientos selectivos para sobrevivir y tratar enfermedades de cáncer y otros padecimientos letales. 

Y como si fuese poco el país es también víctima de un cúmulo de noticias falsas y provocaciones orquestadas en la frontera de la vecina Colombia con presencia de mercenarios y paramilitares financiados por sectores ultra reaccionarios radicados en Miami y Bogotá, entre los que se señala como patrocinador de la violencia sembrada y envilecida al señor Álvaro Uribe Vélez el cual no permite avances sustanciales en los acuerdos de paz suscritos y refrendados por Naciones Unidas con la participación de las FAR-EP y el gobierno anterior de Juan Manuel Santos, además de naciones garantes y observadores internacionales.

Venezuela se ha visto precisada de declarar la alerta naranja en la zona de la frontera con esa ancestral y hermana tierra ante el desenmascaramiento y las denuncias de sicarios procedentes de Colombia los cuales informaron sobre preparativos de esparcir falsos positivos contra la Revolución bolivariana buscando pretextos para emplazamientos en organismos internacionales.

Este modus operandi no es nuevo, resulta un elemento tradicional empleado por el “entonces gobierno de Uribe” y cual como acto de lesa humanidad ha lacerado la vida de decenas de personas en un país que no cesan los asesinatos de líderes sociales, campesinos, indígenas y desmovilizados de las FAR-EP. 

El presidente Iván Duque (quien es considerado discípulo obediente de Uribe) no ha sido capaz de erradicar esos graves problemas por su compromiso con Uribe y con la oposición ultra reaccionaria venezolana que sin prestigio alguno encabeza el diputado en desacato, Juan Guaidó.
Así mismo Washington con el magnate dignatario Donald Trump se ha embaucado en una cruzada anti bolivariana que en nada beneficia los intereses del pueblo estadounidense que también desea vivir en concordia con sus vecinos en la región.

Lo mismo ocurre con los millones de colombianos que no desean ser utilizados como carne de cañón en un enfrentamiento contra Caracas el cual puede tener magnitudes ilimitadas al existir millones de hijos de la Patria de Bolívar decididos a morir en defensa de su nación e ideales de independencia, esos que intentan frustrar las oligarquías locales al servicio de potencias foráneas.

A nadie conviene una contienda bélica en tierras americanas. Solo el diálogo civilizado, honesto y transparente puede lograr un clima de paz real en la región.

Cada pueblo debe solucionar sin injerencia externa sus asuntos internos, y respetar los acuerdos de Zona de Paz aprobado por todos los gobiernos de América Latina y el Caribe.
Las sanciones, bloqueos e intervenciones militares no solucionan ningún diferendo. Por el contrario, agudizan las diferencias y frenan cualquier entendimiento entre las partes que coadyuve a una relación bilateral que favorezca el negocio recíproco, el intercambio comercial, cultural, científico y complementario entre naciones.