La Enmienda Platt instrumentada en Cuba a inicios de la “Republica” de 1902 fue una ley del Congreso de Estados Unidos impuesta como apéndice a la constitución cubana a principios del siglo XX, y agregada a la Constitución de Cuba de 1901, durante el gobierno de Tomás Estrada Palma. Y valida el inicio del sistema neocolonial de la Isla impuesto entonces por Washington.

En 1903, otorgaba a Estados Unidos el derecho a intervenir en los asuntos cubanos para preservar la estabilidad y la independencia. También autorizó una base naval en la Bahía de Guantánamo y fomentó la inversión estadounidense, y entre sus VIII artículos, el IV establecía la convalidación de todos los actos realizados por el gobierno militar norteamericano, es decir, que todos los realizados por los Estados Unidos en Cuba, durante su ocupación militar, fuesen tenidos por válidos, ratificados, así como que “todos sus derechos” sean mantenidos y protegidos, forma de sustentar su política neocolonial y de supeditación, a los intereses de Washington.

Igualmente, la Enmienda, que cercenaba con creces la soberanía de Cuba, convertía a la nación caribeña en un protectorado estadounidense, y le negaba el derecho a firmar tratados comerciales y ventajosos para la Isla con otros países.

El pretexto esencial utilizado entonces por EE. UU era salvaguardar sus importantes intereses comerciales en la isla ante la incapacidad de España para mantener el orden público, luego que los cubanos habían luchado duro contra ese poder colonial, y merecían su plena independencia.

Esa Enmienda contenía prohibiciones a Cuba de permitir que potencias extranjeras utilizaran la Isla como base militar, con la excepción por supuesto de su ocupación de porción de tierra cubana de Guantánamo, además no se podía negociar tratados con países que pudieran comprometer su “independencia”, otorgando solo a Estados Unidos el derecho a intervenir en los asuntos cubanos, según lo considerara oportuno, forma de imposición neocolonial y dependiente a la Isla.

Foto: Tomada de Redes Sociales

Esta disposición vulneradora de la soberanía cubana se aprobó el 12 de junio de 1901, incorporándose como apéndice a la entonces Constitución, confirmando el estadio neocolonial impuesto, a pesar del rechazo de dignos patriotas que la rechazaron. Este apéndice se deroga en 1934, y es en 1940, cuando miembros de la Convención Constituyente cubana eliminaron la Enmienda Platt de la nueva Carta Magna.

En la historia de Cuba, esta ignominiosa Enmienda es solo el comienzo de un entramado de leyes y disposiciones establecidas por gobiernos de los Estados Unidos para sostener su dominio de la Isla, y se evidencia cómo en ningún momento, ni contexto histórico entre los siglos XX y XXI ha existido voluntad política real de establecer relaciones de buena vecindad, de respeto a la autodeterminación y soberanía nacional. Lo que se han sucedido desde la pasada centuria son asedios, bloqueos, injerencias, invasiones y practicas subversivas que llegan a la actualidad.

La falta de sensatez, la carencia de administraciones pragmáticas y de buena voluntad en EE.UU, que sean capaces de valorar los beneficios que significan para ambos pueblos relaciones armónicas que fomenten intercambios académicos, científicos, comerciales, inversiones, turismo, etc, ha dañado profundamente los vínculos bilaterales.

Y sobre todo, el irrespeto practicado desde la Casa Blanca ante la manera diversa de pensar de cada cual, (que no debe incluir chantajes ni amenazas), que lamentablemente, es algo muy recurrente hoy en Washington, desde donde se evidencia la complacencia y compromiso con una minoría de grupos miamenses que influyen en los designios de ese país, aunque ello sea contrario a los genuinos intereses y derechos de millones de ciudadanos estadounidenses y cubanos que apostan por la paz, el desarrollo y vida de seres humanos.

Evitar conflictos, guerras, y asedios genocidas es deber de toda persona honesta, íntegra que ame a su pueblo y luche por la paz y buena vecindad entre pueblos que comparten latitudes geográficas importantes. Pero para ello tiene que existir voluntad política de los gobiernos.