Desde el 8 de septiembre y durante los meses de octubre y noviembre será una constante la referencia comunicacional al proceso de consulta popular del anteproyecto de Ley del Código de Trabajo.

Este proceso es el resultado del cumplimiento del cronograma legislativo y de la necesaria actualización del entramado normativo en sede de derecho laboral que integra parte del ordenamiento jurídico cubano, a partir de la proclamación de la Constitución de la República, en 2019.

Es, a su vez, consecuencia de un conjunto de condicionantes que vertebraron una norma material paralela al texto vigente.

La manifestación de nuevas dinámicas de relacionales en lo laboral, las experiencias ganadas durante los años de pandemia, la integración de nuevas instituciones resultantes de la adopción de nuevas disposiciones normativas, junto al crecimiento de los actores en la economía, son determinantes de la presencia de condiciones sociales distintas a las de 2013, cuando entró en vigor el actual texto sustantivo que regula las relaciones jurídico-laborales en Cuba.

Sistematizar algunas claves para el mejor desarrollo de este proceso, a partir del análisis de los elementos y particularidades de este mecanismo, es el objetivo del presente artículo de Pensar el Derecho, teniendo en cuenta que la consulta también debe entenderse como un ejercicio pedagógico que enseña a la ciudadanía cómo funcionan los procesos legislativos y educa en el respeto a la diversidad de opiniones.

El pueblo no solo es destinatario de la ley, sino también protagonista en su elaboración, lo que eleva el sentido de pertenencia hacia el ordenamiento jurídico resultante.

Las experiencias de los centros laborales, los problemas concretos de los trabajadores y las demandas de empleadores se integrarán en un debate que busca soluciones más cercanas a la práctica social.

¿Qué particularidades presenta la consulta popular de cara a los debates del Anteproyecto del Código de Trabajo?

La consulta popular ha tenido un papel decisivo en la manera en que en Cuba se construyen las leyes. No es un simple trámite, sino un proceso de debate abierto en el que la población participa activamente.

Con el tiempo, esta práctica ha definido sus propias reglas: cómo se organiza, cuánto dura y qué principios la guían. Generalmente, se desarrolla en varias fases: se activa el proceso, se abre el debate, se interpretan los criterios recogidos y finalmente se presenta un informe con los resultados. Todo ello con la participación de personas y grupos muy diversos.

En este punto, lo más importante es que nadie se quede fuera. La consulta es tan fuerte como lo es la amplitud de su participación. Cada trabajador, jubilado, estudiante o empleador tiene el derecho y el deber de acercarse a este debate. Es preciso entender que participar no es solo opinar, sino también contribuir a un futuro código que incidirá en la vida de millones de cubanos.

El anteproyecto de Ley del Código de Trabajo y el proceso que se seguirá hasta su adopción es un ejemplo actual de cómo funciona la consulta popular. La decisión de someterlo a consulta fue tomada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que marcó el inicio del proceso.

Entre septiembre y noviembre se desarrollará el debate popular. Paralelamente, las opiniones que surjan serán procesadas y organizadas en propuestas concretas: adiciones, modificaciones, eliminaciones o dudas. Luego, esos criterios se interpretan y se elaboran los resultados finales. El proceso cierra con un informe que debe servir de base para ajustar el texto y, finalmente, para su aprobación en el Parlamento mediante votación.

Aunque los planteamientos de la consulta no tienen carácter vinculante −es decir, la Asamblea no está llamada a aceptar cada propuesta−, su alcance y el nivel de participación ciudadana le dan un gran peso.

Es un espacio de construcción colectiva y democrática, en el que se fomenta el diálogo, la argumentación y las propuestas. En definitiva, es un canal para que las opiniones del pueblo lleguen a quienes tienen la responsabilidad de decidir.

De cara al poder, la consulta popular ha funcionado como un mecanismo que corrige y ajusta, un filtro institucional que permite conocer el sentir de la ciudadanía sobre una norma antes de aprobarla.

No se trata solo de sumar votos o voluntades, como ocurre en una elección, sino de abrir un espacio de diálogo y consenso. Mediante este debate, se mide la fuerza de las distintas opiniones y se comprueba si estas quedan reflejadas en el texto final que aprueba la Asamblea Nacional.

El proceso también se distingue por su carácter inclusivo. No se limita a sectores especializados ni a actores con formación jurídica, cualquier ciudadano puede contribuir desde su experiencia laboral o comunitaria.

Este rasgo fortalece la legitimidad de la norma y asegura que no sea producto exclusivo de expertos, sino de la sabiduría colectiva. Cada proceso de debate demuestra que el diálogo abierto es una vía efectiva para canalizar inquietudes, proponer alternativas y construir consensos.

Esta práctica de democracia participativa, que se repite en distintos ámbitos, consolida la cultura del debate como pilar de la sociedad cubana.

Claves para una mejor consulta popular del anteproyecto del Código de Trabajo

La consulta popular es una herramienta valiosa al permitir que las decisiones se tomen con la participación directa del pueblo, verdadero titular de la soberanía. Es un ejercicio democrático que busca responder a los intereses colectivos.

En este proceso tienen voz todos los que se verán afectados por la norma, desde trabajadores hasta empleadores, incluidos los que forman parte del sector no estatal de la economía.

Para que el debate sea realmente útil, es necesario que quienes participen lo hagan con argumentos claros, fundamentados y expresados con libertad. No se trata solo de apoyar una idea, también es válido mostrar desacuerdos.

Lo importante es que cada persona pueda conocer de antemano el contenido de lo que se consulta, analizarlo y preparar sus propuestas. De ser posible, estas propuestas se clasifican en tipos (adiciones, modificaciones, eliminaciones o dudas) y siempre deben debatirse con respeto y apertura.

Otro aspecto clave es la accesibilidad del proceso. Los materiales del anteproyecto deben estar disponibles en diferentes formatos y vías, de manera que puedan ser consultados por toda la población, incluidos los sectores más vulnerables o con menor acceso a información digital. Solo así se garantiza una participación verdaderamente universal.

Además, quienes dirigen, moderan o procesan la información del debate también deben estar preparados. Su capacitación es clave para garantizar que el proceso sea rápido, eficiente y bien organizado. La calidad de las propuestas que se generen dependerá en buena medida de esta preparación.

El objetivo es que el debate se concentre en los temas más importantes para el bienestar colectivo, sin restringir la opinión de los participantes. No olvidemos que detrás de cada propuesta hay una expectativa. Escuchar con paciencia, registrar con seriedad y procesar con rigor son tareas que determinan la credibilidad de la consulta.

Cuando los ciudadanos perciben que sus aportes se toman en serio, la confianza en el sistema de participación crece, y con ella, la legitimidad de la ley resultante.

En este camino, es muy útil contar con el apoyo de especialistas en la materia que se debate. Estos expertos pueden ayudar antes, durante y después de la consulta, para garantizar que los resultados se interpreten con solidez técnica y jurídica. Su aporte permite corregir errores, cubrir vacíos y enriquecer el texto final.

Incluso, pueden organizarse consultas paralelas o previas para asegurar que los planteamientos del pueblo estén bien fundamentados y puedan ser integrados al documento que se apruebe.

La transparencia es otro principio fundamental de todo el proceso. Cada etapa de la consulta debe ser clara y pública, con el acompañamiento constante de los medios de comunicación.

La población debe tener acceso a la información, a los contenidos que se debaten y a los resultados que se obtienen. Solo así se puede comprobar que las opiniones del pueblo realmente se tomaron en cuenta, incluso aquellas que no se incorporen al texto final.

No se puede olvidar que la consulta popular es, en sí misma, una expresión del principio democrático.

Las opiniones mayoritarias que surgen en este proceso reflejan la voz colectiva y deben ser respetadas o, al menos, consideradas en la redacción de la ley. Cuanto mejor funcione la consulta, mayor será la calidad democrática tanto de la institución como del resultado final.

Así, el proceso de elaboración del futuro Código de Trabajo mostrará, una vez más, cómo en Cuba se combinan las formas de democracia representativa, deliberativa y directa, con la participación activa del pueblo.

Hacia una cultura de la participación democrática

El proceso de consulta del anteproyecto del Código de Trabajo no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de una cultura política que se fortalece con cada experiencia.

La práctica de consultar, debatir y proponer es un ejercicio que enriquece al pueblo y a las instituciones por igual. Cuanto más amplio, transparente y consciente sea este proceso, mayor será la calidad de la democracia cubana.

La invitación es clara, nadie debe quedarse al margen. Participar en la consulta es un derecho, pero también una responsabilidad con el futuro del país.

Las leyes que hoy se discuten marcarán la vida de las generaciones que vienen. Por eso, cada criterio, cada aporte, cada voz cuenta. La consulta popular es la oportunidad de escribir entre todos el Código de Trabajo que Cuba necesita.

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(Tomado de Cubadebate)

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