En Cuba, el ejercicio del Derecho contribuye a construir una sociedad más justa como lo confirman las primeras leyes aplicadas por el Ejército Rebelde en las zonas liberadas de la Sierra Maestra y, específicamente, las emitidas; a partir del Triunfo de Enero de 1959, con una base esencial en el alegato de defensa pronunciado por Fidel –en el amañado proceso judicial, después de los ataques a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes–, conocido por La Historia me absolverá.

Cada 8 de junio celebramos, el Día del Jurista, en memoria de Ignacio Agramonte Loynaz y del Castillo, quien ese día del año 1865, defendió su Tesis de Grado como Licenciado en Derecho Civil y Canónico. Inicialmente se denominó Día del Abogado, por la tradición popular de llamar abogados a todos los juristas. Después del Triunfo de la Revolución pasó a nombrarse, con más propiedad, Día del Jurista, y finalmente se adoptó la actual denominación: Día del Trabajador Jurídico, título más apropiado y justo pues comprende no sólo a los juristas sino también a todos los trabajadores que les auxilian en sus tareas.

El ejemplo de Agramonte está presente en este largo camino de la Revolución y su derecho a defender los intereses del pueblo cubano. Baste citar cuando en el mes de febrero del año 1959, el Gobierno revolucionario dictó una Ley Fundamental que estableció los lineamientos básicos de un nuevo régimen político, económico y social, escogido en ejercicio del derecho de autodeterminación.

En 1965, se creaba el primer Bufete Colectivo de Cuba, inaugurado en la tarde de un sábado 23 de enero, durante el acto oficial celebrado con la participación del Colegio de Abogados de La Habana, con la presencia de figuras políticas del Estado Cubano, académicos y funcionarios del sistema jurisdiccional.

La Resolución Número 18, de fecha 22 de enero del 1965 -dictada por el aquel entonces, Ministro de Justicia, había dispuesto la constitución de una oficina de abogados totalmente opuesta al enfoque jurídico y social inherente al ejercicio privado de la abogacía que subsistía en heredad.

La novel y promisoria entidad se encontraría orientada y supervisada por el Ministerio de Justicia en colaboración con la escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Habana. Sus objetivos y estatutos serían definidos por el precitado colegio capitalino, así como las bases establecidas por su junta de gobierno, según se señala en la prensa de la época.

El propósito fundamental de la creación de un Bufete Colectivo sería propiciar que la población gradualmente y a nivel de todo el país disfrutase de un acceso real y profesional a los múltiples servicios legales que necesitara mediante la contraprestación de una suma dineraria apropiada y previamente establecida por el organismo rector; eliminándose de este modo todo vestigio de honorarios arbitrarios y de prácticas forenses discriminatorias y exclusivas.

El Bufete se encontraría disponible y prestando servicios; a partir del lunes 25 del mes señalado y su primera sede radicaría en el tercer piso del Palacio de Justicia (instalaciones que hoy ocupan los principales órganos del Partido y del Gobierno de la nación cubana en el Palacio de la Revolución, ubicado en el municipio de igual nombre). Nacía en este histórico lugar, del cual fuera trasladado (posteriormente) y multiplicado hacia otras geografías habaneras y provinciales; a partir del éxito y acogida que tuvo en el pueblo la creación de Bufetes Colectivos con la consecuente socialización de una abogacía asequible, competitiva y capaz.

Unas de las exigencias y en realidad un presupuesto inspirador contenido en la bases promulgadas por el Colegio de Abogados para desempeñarse como abogados de esta bella causa era: (…) el respeto absoluto a la verdad; y recta, eficaz y revolucionaria interpretación de las normas legales vigentes así como la subordinación de los intereses particulares a los supremos intereses colectivos de la nueva sociedad. Con la visión actual de la historia y los retos del presente, se conjugarían para remarcar el valor que han representado los Tribunales y los Bufetes Colectivos para la vida cotidiana del ciudadano: el respeto a su dignidad y la realización justa y efectiva de sus derechos. El Mayor, legado de respeto y dignidad.

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