Hace mucho tiempo que el gobierno de Estados Unidos de América debió cambiar su agresiva e injustificada política de asedio perenne contra Cuba.

Cientos han sido los pretextos utilizados para justificar, lo que cada vez resulta más injustificable; la infame estrategia de intentar asfixiar la economía de la Mayor de las Antillas y también estimular con solapados patrocinios, considerables montos de financiamientos orientados a subvertir el orden institucional y la tranquilidad ciudadana en la nación caribeña. Resultan cada vez más absurdas y desatinadas las decisiones en este sentido dictaminadas por la Casa Blanca.

Así mismo las tradicionales maniobras de desinformación emitidas por medios y redes sociales de comunicación al servicio de Washington sobre la situación en la Isla van siendo desenmascaradas ante la comunidad internacional que mayoritariamente rechaza ese accionar, al no concebir lo obcecado e injusto de la irracional política.

¿A quién podía ocurrírsele acusar a Cuba de patrocinar el terrorismo? Precisamente al país víctima de las históricas  operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y los grupos terroristas cobijados en Miami que han provocado más de tres mil muertos y otros miles de heridos e incapacitados durante años de agresiones planificadas desde la Florida.

Solo la administración norteamericana que ha dado muestras de profunda insensatez (al ser capaz de cualquier subterfugio y disparate por ilógico que sea para lograr sus propósitos de bloqueo y hostilidad sistemática), puede proponer tal disparate.

El mundo está consciente de la falsedad de argumentos empleados para incorporar a la Isla en esa espuria lista. Lo que hace la tierra caribeña es brindar colaboración médica a decenas de países y asistir a aquellos que precisen librar batallas contra el analfabetismo, pandemias y desastres naturales. De ahí que en la única relación posible que pudiesen estar comprendidos los cubanos sería, en la de estados solidarios.

De igual manera, norteamérica que dice ser “paladín del libre comercio, democracia y derechos humanos”, obstaculiza transacciones comerciales de la Mayor de las Antillas, priva a su pueblo de adquirir alimentos y mercancías básicas que tributan al nivel de vida de los ciudadanos, impidiendo el uso del dólar y créditos convenientes entre las partes. Igualmente vulnera la soberanía de otras naciones con la extraterritorialidad del bloqueo económico, comercial y financiero el cual además cuenta con record de prolongación e ignominia.

Administraciones de la Casa Blanca a lo largo de los años han estado involucradas en conflictos, guerras y bloqueos en diferentes latitudes, lamentablemente es la parte menos agraciada de la historia de esa nación, y ello ha costado mucho en vidas humanas y daños a patrimonios históricos y culturales. Estudiosos e investigadores del tema han presentado el cerco a la Isla (que cuenta con más de seis décadas de existencia), como el más largo e ilógico en la era de civilización correspondiente al siglo XX y XXI.

Mientras Cuba, -como parte integral de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC-, aposta al fomento de la armonía, la integración y las relaciones de buena voluntad entre los pueblos, Washington insiste en su anacrónica estrategia de dividir e instrumentar sanciones y campañas mediáticas de comunicación ajenas a la condición de Zona de Paz declarada por los gobiernos de la región.  

El presidente de EE.UU. Joe Biden, sin suprimir definitivamente la madeja de leyes y acápites que conforman la obsoleta legislación del bloqueo, tiene la potestad de eliminar decenas de medidas de recrudecimiento del asedio añadidas por el exdignatario Donald Trump las cuales quebrantan con creces los derechos humanos de millones de personas, y cuentan con el rechazo del mundo.

Esas disposiciones vigentes contra Cuba pudiesen ser levantadas de un plumazo por parte del señor Biden, y ello contribuiría a mejorar los vínculos entre estas naciones vecinas, próximas geográficamente y con posibilidades de establecer relaciones bilaterales ventajosas para los dos países.

Para lograrlo, solo se precisa de respetar la institucionalidad, soberanía y autodeterminación de los cubanos que trabajan por alcanzar un sistema socio-económico cada vez más justo, equitativo y próspero para todos por igual, sin distinción de clase, credo, ni raza.

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