Santiago Eduardo Lage Choy, presidente de la Comisión de Industria, Construcción y Energía de la ANPP presentó a los diputados el informe de los resultados de la más alta fiscalización al Ministerio de la Construcción, aprobado en la pasada legislatura.
Santiago Eduardo Lage Choy, presidente de la Comisión de Industria, Construcción y Energía de la ANPP presentó a los diputados el informe de los resultados de la más alta fiscalización al Ministerio de la Construcción (MICONS), aprobado en la pasada legislatura.
En el año 2020 el MICONS, para acometer la estrategia económico social aprobada por el Gobierno y enfrentar los efectos de la COVID-19 adoptó un plan de medidas, entre ellas, desarrollar un programa diario de construcción de viviendas para arrendar y vender; incluir en los planes locales de producción, renglones de la industria de los materiales que contribuyan efectivamente a la sustitución de importaciones, entre ellos: mortero cola, carpintería de madera, mármol elaborado, aditivos, pavimentos cerámicos y muebles sanitarios.
Según el informe, existen avances parciales en la implementación de la estrategia durante el primer trimestre de 2021, en particular en la sustitución de importaciones y el inicio de la experiencia del programa inmobiliario, aunque «una de las carencias en la estrategia del MICONS es que no se hace referencia a las acciones vinculadas con la exportación.
Un factor que atraviesa todos los análisis vinculados al cumplimiento del plan de la economía del organismo y del sistema empresarial atendido en 2020 es la situación generada por la COVID-19, de ahí que el informe refleje el cumplimiento e incumplimiento del plan de ventas, utilidades, indicadores de ingreso al Presupuesto del Estado, producción en construcción y montaje para inversiones, mantenimiento constructivo, entre otros.
Los diputados conocieron que se incumplen la construcción de viviendas, hormigón prefabricado; producciones de arena, bloques, muebles sanitarios, azulejos, tejas y tanques de asbesto cemento; el aprovechamiento de la capacidad disponible para la producción de cemento solo alcanza el 59 y 43 % en los años 2019 y 2020, respectivamente.
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA VIVIENDA
El Estado ha construido desde el año 1990 hasta el 2018 un total de 401 777 viviendas, beneficiando a más de 1 100 000 personas, «las cuales resultan ineficientes», apreció Lage Choy.
La Política de la Vivienda, aprobada en diciembre de 2018 e implementada en 2019, prioriza las afectaciones climatológicas, las condiciones precarias, la dinámica demográfica y las personas con escasos recursos, donde se plantea un programa de diez años para la recuperación del déficit habitacional en el país, que al cierre del 2020 asciende a 862 879 viviendas.
Desde su implementación hasta mayo de 2021 hay 99 252 viviendas terminadas; de ellas 32 575 por la vía estatal, 19 786 células básicas habitacionales y 46 891 por esfuerzo propio.
(Tomado del sitio web del Partido)
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