Las nuevas disposiciones recientemente adoptadas para el sector agropecuario tienen el objetivo de actualizar y contextualizar la formación de los precios a la actual situación de incremento de los costos de producción y las carencias de insumos, de manera que estos no desestimulen a quienes trabajan la tierra.

Según explicó la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, en las actuales circunstancias, resulta vital reconocer el costo real de la producción agropecuaria. Sobre ella, indicó, gravitan las limitaciones de recursos vitales para lograr rendimientos y crecimientos productivos, entre ellos fertilizantes, bioplaguicidas y combustible.

“Este año nos estamos enfrentando a una Tarea Ordenamiento, donde hay un reconocimiento de una devaluación importante del peso,  que transforma no solo el costo real de producir, sino también los precios en la cadena de comercialización, y los productores agropecuarios”, que están enfrentando, además, las consecuencias del recrudecimiento del bloqueo, que limita la adquisición de los insumos requeridos en el sector.

Los productores, con un gran esfuerzo, se están enfrentando a niveles productivos sin tener las condiciones en términos de recursos para ello, dijo, y abundó en que existe un incremento de los costos operacionales -electricidad, agua, fuerza de trabajo y combustible, entre otros-, lo que lleva a monitorear el costo real en el que incurren los agricultores para obtener los niveles que se están comprometiendo con las entidades, las autoridades gubernamentales o el comité de contratación.

Al ritmo de la vida

Tenemos que lograr que el precio de compra a quien está pegado a la tierra, además de cubrir el costo real, incluso en el contexto de tener que sembrar más áreas, ante la contracción de los rendimientos por falta de insumos, tiene que permitir satisfacer las necesidades propias y las de su familia, destacó Bolaños.

Ante esa situación, y para lograr que esa demanda pueda cubrir los costos y los productores se sigan sintiendo estimulados a cumplir con esos niveles productivos, se ha dispuesto “emparejar ese reconocimiento del costo real” y para productos (malanga, plátano y boniato) se elimina ese precio máximo centralizado y se pasa a que se establezcan los precios por concertación.

La Resolución 320, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 68, del pasado 30 de julio, elimina entonces los precios máximos de acopio y mayoristas de malanga (xanthosoma y colocasia), plátano (vianda, burro y fruta) y boniato, con destino al consumo social, dietas médicas y sistema de atención a la familia.

A su vez, el documento plantea que los administradores de presupuesto y el sistema del comercio interior, deben adoptar las medidas de eficiencia, control y mejor gestión en el aprovechamiento de estos recursos, sobre los cuales se eliminan los precios máximos.

Por otra parte, aseguró que esta medida “para nada significa un deterioro en la distribución al consumo social” y consideró que aunque no va a tener un impacto inmediato, “será una medida que estimule a nuestros productores y que nuestras instituciones sociales también puedan hacer concertaciones de precios con los productores, con las formas productivas, con las cooperativas, con mayor eficiencia y calidad”.

Por otra parte, Bolaños explicó acerca de la eliminación del límite de incremento de precio de los productos agropecuarios de dos veces en relación con el que tenían en julio de 2019. Debido a los cambios en el contexto, las condiciones y costos de la producción “es imposible que pretendamos que el límite de precios sea de dos veces”.

Al respecto, destacó: “tenemos que ir adecuando y actualizando las normas a la realidad”.  No obstante, enfatizó que el principio es que ese tope se elimina sin afectar la facultad que siguen manteniendo las autoridades municipales y provinciales para establecer precios minoristas de venta a la población. “En aquellos productos de alto impacto y sensibles a la población, se mantiene la facultad de los Gobiernos municipales y de las provincias para establecer precios minoristas de venta a la población”.

En el caso de La Habana, dijo, no se distingue cuál es la forma de gestión que venda, si es estatal o no estatal, los precios que quedaron establecidos en un grupo reducido de productos, los más sensibles, de más alto impacto, para toda la cadena de comercialización, aunque lo venda un mercado estatal de acopio, una forma de gestión no estatal.

Bolaños ratificó que “aun cuando se quita este límite, se mantienen las facultades de los Gobiernos y también la responsabilidad de las autoridades gubernamentales, incluido el Ministerio de Finanzas y Precios, para el enfrentamiento a los precios especulativos y abusivos”.

Según destacó la ministra, aun con estas dos normativas dirigidas a eliminar precios centralizados de tres productos para el consumo social  y quitar el límite de crecimiento de los precios de la comercialización minorista, comparados con julio de 2019, es importante ratificar que en aras de proteger a la población, se va a mantener centralizado el precio minorista de las dietas médicas de productos agropecuarios, se mantienen en el sistema del comercio interior, los límites y principios para respetar los precios del Sistema de Atención a la Familia (SAF) y de los comedores obreros, estos últimos en el entorno de los 18 pesos promedio por trabajador. 

Foto: Raquel Sierra

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