La inclusión desde un enfoque de derecho

Que en Cuba se fomente una cultura de la discapacidad, que promueva la inclusión desde un enfoque de derecho y deje atrás el modelo asistencialista, constituye el derrotero con que la Asociación Nacional del Ciego (ANCI) en la nación caribeña vislumbra su andar presente y futuro, animada, a su vez por los 45 años de creada, aquel 19 de julio de 1975.

El presidente nacional de esta Organización No Gubernamental, Licenciado Jorge Luis Cala Ledesma, destacó a Tribuna de La Habana que la mayor fortaleza de la Anci radica en poder contar con la voluntad política del Estado cubano para el desarrollo de programas y planes de acción que cada día edifiquen una sociedad más inclusiva, justa y equitativa.

Seguidamente afirmó que en todos los ámbitos La Habana muestra una labor ascendente y fundamental para los actuales resultados de la organización y  este año le correspondió realizar las actividades centrales por el aniversario, pero teniendo en cuenta la situación epidemiológica, la jornada a propósito de la fecha se desarrolla de manera virtual, acentuando el hecho de que en este territorio estuvo la génesis de la Anci por parte de un grupo de jóvenes, y a la vez justipreciar los innumerables aportes de los capitalinos en todo este tiempo.

Al decir del directivo, el territorio sobresale en su quehacer a favor de los mecanismos de funcionamiento, el orden interno, la formación de profesionales, el prestigio de su  movimiento de aficionados a la cultura, a la par de la creciente consolidación del acceso a la lectura, la presencia de autores en las diferentes ediciones de la Feria Internacional del Libro, la inclusión en el plano educativo, deportivo, en el empleo...

Cosas al derecho, muchas veces al revés

“No es a la persona con discapacidad (PcD) a quien se protege, sino al ejercicio de sus derechos”, alertó Cala Ledesma, tras destacar cómo en la materialización de este propósito ha sido determinante la participación activa de las personas ciegas y con baja visión cubanas en el enriquecimiento y la construcción de la Constitución de la República.

Una vez más puntualizó que entre los principales desafíos está abandonar el enfoque asistencialista con el que estamos acostumbramos a mirar la discapacidad. “Es preciso verla como un fenómeno social y que realmente lo que se protejan sean nuestros derechos, es decir garantizar la accesibilidad en sentido amplio, no solo al entorno o al medio físico, sino también a la informatización, a los medios digitales, a las plataformas y a las diferentes aplicaciones, a partir de que los desarrolladores conciban  un diseño universal y para todos.

“Voy a poner un ejemplo concreto y reciente: en este tiempo de la COVID-19 muchos han interpretado que entre los grupos vulnerables se incluya a las personas con discapacidad. Eso es un error. La discapacidad no es una enfermedad, no incrementa el riesgo clínico o epidemiológico; somos personas con determinada deficiencia física, sensorial, psicosocial o cognitiva, y es la sociedad quien pone la barrera para acceder y ejercer nuestro derecho.

“Dentro del grupo de PcD hay adultos mayores, y otros que padecen de diabetes, insuficiencia renal, cardiopatía y demás comorbilidades que sí le pueden definir un alto riesgo. Pero también hay otras que solamente son ciegas, por tanto, debe preservárseles el derecho de asistir a los centros comerciales donde se expenden alimentos y productos de primera necesidad. Es un error prohibirles la entrada a la tienda, como le ha sucedido a no pocos de nuestros asociados.

“Ante esa realidad nos hemos dirigido por los canales pertinentes -Consejos de Defensa Municipales, Provinciales, y a nivel de país-, y nos afirman que no hay ninguna indicación que nos ponga limitantes; sin embargo, siguen las interpretaciones erróneas, e incluso se han dado casos de funcionarios públicos quienes nos han dicho que si queremos comprar debemos hacer la cola. Y tampoco es así. Existe la circular 11 de 2011, del Ministerio de Comercio Interior, la cual estipula que se nos otorgue esa prioridad en sus unidades.

“También como el resto de los ciudadanos debemos cumplir con las indicaciones sanitarias establecidas, no andar por gusto en la calle, y si alguien viola  lo establecido debe ser sancionado; igual si se presta para el acaparamiento y la especulación”, aseveró.

De acuerdo con el presidente nacional otro reto no menos priorizado es “trabajar por desterrar el uso de términos peyorativos al referirnos a las PcD, además de elevar la participación y entrenamiento en las tecnologías de la información y las comunicaciones; eso nos hace más independientes, sin abandonar el uso del Braille, como sistema de lectoescritura propio”.

Reconoció avances en los últimos tiempos y cómo a partir de las insatisfacciones de los afiliados durante el proceso desde el nivel de base previo al 8vo Congreso, - sesionó  en diciembre de 2019- actualmente se perfila un plan de acción conjunto para dar tratamiento a cada una de las preocupaciones y acuerdos.

De esto se derivó y fue aprobada por el Consejo de Ministros, la política de perfeccionamiento de los servicios a las PcD en el país, -en marzo pasado se aprobó ese documento-, en el cual trabajan fuertemente y de manera integrada todos los Ministerios y las respectivas asociaciones del Ciego, de personas con discapacidad física (Aclifim), y de Sordos (Ansoc).

La Anci agrupa a 31 000 afiliados en toda la nación, de los cuales 3 695 son de La Habana, provincia con la mayor cifra de asociados, después de la oriental Santiago de Cuba.