Desde el 1ro. de enero de 1959, el imperialismo norteamericano comenzó una desenfrenada agresividad hacia Cuba. Ese empeño se tradujo en millones de arrobas de caña quemada con bombas de napalm y fósforo vivo, lanzadas de avionetas, decenas de objetivos económicos saboteados, atentados, asesinatos, introducción de enfermedades como la fiebre porcina africana, el dengue hemorrágico, entre otras cuyos daños son irreparables.
La promoción de bandas armadas fomentadas y dirigidas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y la organización de elementos terroristas, fuera y dentro de la Isla, estuvieron entre los procedimientos violentos empleados contra la Revolución.
El señor, Lester D. Mallory, el 6 de abril de 1960, afirmó: “(…) Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica (…) negándole a Cuba dinero y suministros (…) con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”. Después de Girón, primera derrota imperialista en América, la Casa Blanca incrementó su guerra sucia contra Cuba.
En febrero de 1962, el presidente Kennedy firma la ley que impone el actual bloqueo financiero y comercial contra Cuba. Un acto ilegal calificado de genocidio, en virtud del inciso c, artículo II, de la Convención de Ginebra para la prevención y la sanción del delito de genocidio, de 1948. También se considera como un acto de guerra económica, según la Conferencia Naval de 1909 de Londres.
El 1ro. de abril de 2011, el entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el señor John Kerry, condicionó el desembolso de 20 millones de dólares adicionales para los programas de subversión contra Cuba y llamó a una “revisión plena”, debido a las denuncias del robo y desvío de dichos fondos en los cuales estaban involucrados, por entonces, siniestros personajes de la ultraderecha en Miami y expresó su preocupación por el destino de aquellos dineros que provienen –como otros millones– de los fondos congelados (robados) a la Mayor de las Antillas, en bancos y filiales estadounidenses.
La embestida de la administración del presidente Donald Trump, confirma la estrategia para impedir la entrada de créditos foráneos a Cuba y desestimular a quienes observan la posibilidad de invertir en la Isla e interrumpir el cumplimiento de las regulaciones migratorias justo cuando el flujo apuntaba hacia lo contrario. Entre los más conocidos y repudiados componentes del bloqueo aparecen las llamadas leyes Torricelli, de 1992 y Helms-Burton, de 1996. Sus disposiciones son contrarias a la carta de las Naciones Unidas y violatorias del Derecho Internacional. Los daños directos y perjuicios causados son invaluables.
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