Las nuevas medidas para el ordenamiento del trabajo por cuenta propia (TCP) vinculado al transporte de pasajeros resultan un beneficio que subraya el interés del Estado para garantizar la correspondencia de un servicio a las necesidades de la población y exigir el cumplimiento de lo establecido en cuanto a la responsabilidad del pago del tributo.

Foto: Joyme Cuan

Se trata de evitar fisuras que permitan el descontrol, la omisión de la responsabilidad con el fisco, y el desvío de combustibles del sector estatal como se advierte en el análisis de consumo realizado a transportistas privados que “consumían” solo 0,18 litros por cada mes, mientras los precios del cobro de pasaje alarmaban en un alza constante y los vehículos permanecían en la vía las 24 horas con diferentes conductores.

Las variantes como parte del proceso de implementación del experimento en este sector, son alentadoras. De modo que los TCP tienen facilidades para la adquisición legal del combustible necesario, además de neumáticos y baterías, fundamentalmente.

Con este propósito la declaración jurada se ajusta a lo real en cuanto al consumo y la tarjeta electrónica destinada a la compra de diesel puede ser utilizada de manera más efectiva, incluso para la adquisición de otros artículos.

El derecho a uso de las rutas resulta una garantía. También lo son las variables de servicio: en ruta, taxi libre, de alto confort o clásicos, este último en los autos llamados clásicos que circulan alquilados por turistas.

Como todo lo nuevo resulta siempre un cambio, las partes: los TCP, directivos del Ministerio del Transporte (Mitrans), del Partido y el gobierno de La Habana, el Banco Metropolitano, Financiera de Cimex S.A (Fincimex), la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), deberán contribuir a mantener el equilibrio en la balanza y que posibiliten –durante los sistemáticos intercambios- esclarecer dudas, preocupaciones y analizar con objetividad aquellos aspectos posibles de ser mejorados en tanto constituye una nueva forma de organización en la que se adquieren nuevos derechos, deberes y responsabilidades por los transportistas y las instituciones administrativas.

Foto: Miguel Ángel Meana

Los transportistas participantes en el más reciente encuentro con las autoridades competentes reconocieron los beneficios que brinda esta modalidad de gestión, fundamentalmente en lo referido al precio del combustible, la posibilidad de acceder a los talleres de reparación y mantenimiento de la Empresa Provincial de Transporte y brindar el servicio en el marco de la legalidad.

Es una forma de evitar que salga el “genio de la botella”, por esa fisura que permite el descontrol y la ilegalidad.

Prioridad compartida

Marta Oramas Rivero, viceministra del Mitrans, al ofrecer información acerca del experimento relacionado con la circulación de vehículos no estatales de pasaje, en La Habana, explicó que se trata de garantizar la transportación pública ordenada, con calidad y seguridad.

Explicó los resultados de la revisión técnica, somatón, en el cual se demostró el precario estado técnico de muchos de estos vehículos. De 3 415 revisiones, solo 1 492 automóviles fueron aprobados; de ellos 224 la obtuvieron la aprobación en la tercera oportunidad y tres, en la décima, entre septiembre y noviembre.

Se conoce que 800 propietarios no se han presentado al somatón y un grupo significativo entregó la licencia por considerar inoperable en funciones de pasaje a su vehículo, mientras a otros se les retiró por las autoridades de tránsito y de inspección estatal de transporte, al comprobarse el peligro que representan para la vida de todos los usuarios de la vía.

Foto: Oilda Mon

El número de licencias canceladas en La Habana, asciende a 2 167 expuso la vicetitular de Transporte. Desde este mes y hasta enero de 2019, se prevé la entrada en funcionamiento de 50 ómnibus articulados y 40 rígidos, 400 microbuses de 12 plazas, y prevé que aumente la disponibilidad técnica del parque existente de acuerdo con los programas de reparaciones.