Ha confesado no disfrutar las entrevistas, prefiere ser de los que andan en la sombra, haciendo para los otros sin ser alumbrado por el reconocimiento público. Se sabe deudor de la historia que antecede su actual responsabilidad y le brillan los ojos al mencionar a su equipo de trabajo, compuesto –como señalara–, al 85 % por mujeres y en su totalidad, por jóvenes. Son ellos y el impecable trabajo realizado en tiempos de COVID-19, de los principales orgullos de Dixan Fuentes Guzmán, Fiscal Jefe Provincial de La Habana, un pinareño que, al llegar a la capital de los cubanos, decidió dar –por ella– todo… y lo más grande.

Próximo a celebrarse el Día del Trabajador Jurídico en Cuba, es una buena oportunidad para conocer cuánto se hace, desde esa primordial esfera para acompañar el enfrentamiento al nuevo coronavirus, toda vez que esta ciudad se perfila hoy como el incuestionable epicentro de la pandemia.

Dixan Fuentes Guzmán, Fiscal Jefe Provincial: “Cuidamos las manos que a las 9:00 p.m. aplauden a los médicos y a todos los que trabajan por el fin de esta pandemia” Foto: Claudia Pis Guirola

¿Cómo ha encauzado la Fiscalía Provincial de La Habana su trabajo para acompañar el enfrentamiento al evento epidemiológico del SARS-Cov-2 en una ciudad que presenta el más desfavorable comportamiento?

—Nunca hemos estado solos. Con el Consejo de Defensa Provincial (CDP) al frente y de conjunto con el Ministerio del Interior (Minint), el Gobierno y Tribunal provinciales, identificamos cuatro principales escenarios de trabajo donde podíamos ser más útil al país y hacia ellos reorganizamos el trabajo, luego de aprobar a nivel de país el aplazamiento con todas las garantías legales de los juicios y procesos previstos para este periodo, realizándose solo los vinculados con la pandemia. De tal manera, la primera de las esferas de trabajo resume actos contra la autoridad; en Cuba hoy atentar contra el Ministerio del Interior o contra cualquier otro funcionario en el ejercicio de sus funciones para lograr que las cosas salgan bien es un delito muy grave y recibe una respuesta en consonancia. Un segundo escenario está relacionado con los recursos de la alimentación, los productos de aseo y otros de primera necesidad y lo integran conductas como actividades económicas ilícitas, acaparamiento, las figuras de coleros, revendedores y malversadores. Esto no es nuevo, no nacieron con la COVID-19; siempre han existido y siempre se han enfrentado, pero ahora con una mirada distinta.

“Otro escenario está orientado a los recursos dispuestos para la salud del pueblo y además del lucro con medicamentos y otros bienes se incluyen aquí los actos de negación de síntomas, incumplimientos por parte del personal médico y por parte de los ciudadanos ante las medidas sanitarias dispuestas. Por último, otra línea de enfrentamiento se refiere a los centros de aislamiento y hospitales dedicados a la recepción de personas enfermas o sospechosas de portar el nuevo coronavirus, donde se vela por que no se violen los períodos de cuarentena, alteraciones del orden y otras indisciplinas sociales”.

Como vía alternativa para atender las quejas de la población se ha habilitado la línea única, a través de la cual se reciben las inquietudes y procesan en un sistema virtual Foto: Claudia Pis Guirola

¿Cuáles han sido las principales sanciones aplicadas hasta el momento?

—Vinculados a estos cuatro escenarios, de marzo a la fecha, la Fiscalía radicó 3 209 denuncias, desde todos los municipios, por lo cual han resultado acusadas 4 059 personas. Asumimos una postura que aspira a ser ni implacables, ni intolerantes, siempre al lado de la Revolución, bajo el principio de que lo más importante de ella es su gente y la historia de la gente no comienza cuando se equivoca, y ahí entra la madurez y racionalidad de un órgano como el nuestro y ambas han existido en nuestros procederes.

“Al 60 % de los acusados se les aplicaron tratamientos administrativos, pero hay algunos hechos que, por su complejidad y peligrosidad, escapan a esa posibilidad. De tal suerte, se han celebrado 532 juicios y se les ha impuesto privación de libertad al 79 %, ciudadanos de pésima conducta social, reiteradamente advertidos, con violaciones a las medidas sanitarias y atentados contra la autoridad. Puedo asegurar, a nombre de la Fiscalía provincial, que estas sanciones responden a la gravedad de las conductas, aun cuando la intención del país es la reeducación integral de quienes ingresan al sistema penitenciario, uno de los más humanos del mundo. Al resto de los acusados, se les han impuesto multas y otras sanciones como trabajo correccional con o sin internamiento.

A propósito de las principales violaciones, ¿qué entender como delito de propagación de epidemia?

—El delito de propagación de epidemia no nació con el nuevo coronavirus, está establecido en el Código Penal hace muchos años e incurre en él quien infrinja las disposiciones sanitarias vigentes, por ejemplo, las personas que no usan nasobuco o pernoctan en la calle sin necesidad. En Cuba existen todas las herramientas jurídicas y legales para dar frente a estas conductas, de manera que no fue necesario crear ningún instrumento legal para este momento. De todas formas, es importante mencionar que la respuesta penal a esas conductas no es la solución a la pandemia; la intervención del Minint y la Fiscalía se inserta dentro de las acciones de las instituciones, desde una perspectiva integral, junto al acompañamiento científico, epidemiológico y de todos los frentes que puedan aportar.

El trabajo de la Fiscalía ha ido más allá del ejercicio penal convencional, ¿qué otras acciones han emprendido?

—Ciertamente, hemos realizado más de 160 acciones de control –todas indicadas por el CDP– en hogares de ancianos y de niños sin amparo familiar, hospitales siquiátricos, centros del Sistema de Atención a la Familia (SAF) y en todos los mercados de La Habana. En estos últimos hemos encontrado serias violaciones de la legalidad, un profundo desconocimiento de las normas y una intención marcada de afectar al pueblo.

“Además, hemos realizado acciones en el orden preventivo, a través de reuniones con todos los administradores de mercados de la capital, para alertarlos y convocarlos a un mejor control, porque creemos en la gente y hemos continuado atendiendo a la población e investigando sus denuncias, quejas y peticiones a través de vías alternativas a las presenciales, para un acumulado que supera las 2 300.

“Si algún beneficio puede haber acarreado para nuestra institución este lamentable episodio, es haber aprendido a reconstruirnos nuevamente, reevaluar cómo hacer las cosas y continuar al servicio del país. Es importante resaltar que hay un equipo de personas que trabaja muy duro en esta ciudad para velar por que las cosas salgan bien, con un férreo comportamiento ético y un enorme compromiso social”.  

A la entrada de la Fiscalía están dispuestas todas las medidas de higiene y se toma la temperatura a cada visitante Foto: Claudia Pis Guirola

¿Con qué referentes se contaba para orientar el trabajo apegado a las exigencias del momento?

—A pesar de ser una generación de fiscales jóvenes, que no vivimos eventos epidemiológicos anteriores, desde el punto de vista jurídico, lo más cercano a esto ha sido los azotes a La Habana vinculados con el dengue, los cuales han generado enfrentamientos bastante similares al que he explicado. Eso nos ha permitido conceptualizar un grupo de maneras de hacer y construir el modelo de acción de la Fiscalía en estos tiempos, pero este modelo de actuación no es resultado de la pandemia, sino de nuestra responsabilidad como órgano. Estas que acabamos de repasar son prioridades, con COVID-19 o sin ella; lo que sucede es que, en el contexto de una epidemia, la mirada y la actuación necesitan repensarse para ponerlas aún más en función de las necesidades más acuciantes del pueblo, pero el referente está en nuestro propio trabajo, encaminado siempre a la legalidad, al resguardo de los intereses de esta Habana, que no está ni estará sola en la lucha contra esta enfermedad que hoy la ataca.

La fiscalía respalda todas las medidas de reforzamiento dispuestas por el CDP y pondrá su fuerza, empeño y herramientas legales con las que cuenta para la protección del pueblo, enfrentando con la rigurosidad requerida a los padres que lleven a sus hijos a lugares de alta concentración de personas, a aquellos que renten medios de transporte de manera ilegal y aquellos trabajadores por cuenta propia que inconsultamente han reanudado sus actividades. El llamado a la disciplina es tanto al sector estatal, como al emprendimiento privado y a la población.

“El pueblo habanero, respetuoso, revolucionario e invencible, debe saberse protegido en este momento difícil donde no se tolerará la indisciplina, las ilegalidades y la corrupción. Seguiremos racionales, justos, pero también severos contra quienes intenten afectar los esfuerzos y sacrificios de tantos. La victoria está muy cerca. También los fiscales abrazamos a nuestra ciudad”.