El costo de violar los precios

"El topado es a 45”, riposta Tania Acosta, residente de Cerro, cuando aquel vendedor le dice que la libra de cerdo él la vende a 80 y “si no le gusta cómase el dinero”.

Similar situación experimentó el centrohabanero Alfredo Pérez. Le ofrecieron cada plátano vianda a seis pesos, cuando lo estipulado es comercializarlos por libras, a un valor máximo de 3.50 CUP, válido para trabajadores por cuenta propia (TCP), carretilleros y concurrentes en mercados de oferta-demanda.

El dolor en nuestros bolsillos no es nuevo al pagar las ilegalidades. Pero ahora se acrecienta y para contrarrestarlas en medio del enfrentamiento a la Covid-19, hace más de un mes crece el rigor contra elementos inescrupulosos que se aprovechan de las necesidades del pueblo.  

“Hasta la fecha superan las 17 000 acciones de control, que abarcan imposición de multas, retiro de licencias y del permiso de arrendamiento de locales estatales”, comenta Orestes Llanes Mestre, coordinador del Programa de Fiscalización y Control del Gobierno de La Habana, quien destaca cómo el momento actual demanda ser implacables, ante la creciente tendencia de timar al cliente en el trinomio precio- peso-calidad.

“Tal ha sido el reclamo de las autoridades de la capital y nada ni nadie debe quedar excluido si contraviene lo establecido. Como respuesta, se aplican decretos especiales a partir de una disposición del Gobernador de la ciudad; asimismo, los expedientes que lo requieren son presentando ante los tribunales y las decisiones adoptadas con prontitud”.

La Dirección Integral de Supervisión y Control (Disc) provincial y municipal, está facultada para accionar sobre el comercio minorista en CUP y CUC en el tema de los precios, y “sancionar a quien viola, ordena y/o no controla la actividad”, recuerda Eliezer Almarales Grave de Peralta, jefe de grupo en ese órgano en La Habana, tras considerar que la vigilancia es estricta en las tiendas en divisa por expender productos de gran demanda.

En cuanto a los TCP se han agilizado los trámites y directamente se les aplican multas o las leyes oportunas; en el caso de los estatales, si la medida va más allá de una cuantía a pagar, pasa a manos de las administraciones.

“Siempre exigimos severidad, pero es una batalla fuerte, pues corresponde a los órganos de dirección de los centros estatales definir las medidas. Pero entonces sacan a relucir atenuantes, como el tiempo del trabajador en el sector sin cometer violaciones, y solo aplican amonestaciones. La mayoría vuelve a transgredir los precios”, aseveró Almarales, desde la experiencia de más de un decenio en el giro.

Resaltó que, en numerosas ocasiones, cuando se aboga por la separación definitiva o cambio de puesto, los infractores reclaman ante el órgano de justicia laboral y se descarta la sanción. “Deben ser medidas ejemplarizantes”, insistió.

Por su parte, Orestes Alfonso Burgal, subdirector general de la Disc provincial, hizo referencia a la orientación emitida para las unidades del Comercio y la Gastronomía, a las cuales se les solicitó una relación de su personal administrativo, teniendo en cuenta que a muchos los trasladan de establecimiento, pero continúan cometiendo violaciones bajo su mandato. “Todavía es insuficiente el control y falta seriedad en la respuesta”, valoró.

PRECIOS Y MÁS

La Disc va más allá de detectar violaciones de precios; también identifica y procesa irregularidades en la vía pública asociadas a la higiene comunal, el transporte privado, además de la manipulación de alimentos, el uso del nasobuco y la aglomeración de personas, tan primordiales hoy. Pero la severidad que se requiere choca contra una realidad: la plantilla apenas está cubierta en un 40%; el nivel de completamiento es bajo, debido al serio proceso de selección y captación de sus inspectores, y aun así no han faltado denuncias a quienes incurren en falta de profesionalidad, o se dejan sobornar.

Coinciden los directivos en que el apoyo del pueblo sigue siendo la clave en la detección de un gran número de violaciones, sin desconocer que en no pocas ocasiones se inspecciona el desempeño de un carretillero, por citar un ejemplo, y los clientes se enojan por interrumpir la cola.

Los territorios donde ocurren hoy las mayores violaciones son Centro Habana y La Habana Vieja; mientras que por enfrentar las ilegalidades con valentía y aplicar los decretos con el debido rigor, la Disc municipal de Playa suma elogios de las autoridades habaneras. El criterio se sustenta en la prioridad concedida para enfrentar a los acaparadores y revendedores de productos con destino al pueblo, entre otras acciones. La mayoría de las quejas en esta localidad son por la adulteración de precios de la carne de cerdo.

“Son tiempos de contingencia; ya pasó la etapa del apercibimiento, ahora se impone multar”, al decir de María de Los Ángeles Dreke, coordinadora de objetivos y programas de fiscalización y control en el Consejo de la Administración Municipal –CAM-, en Playa.

Ante la interrogante de si es común el decomiso, Yairolis Ramírez Polo, directora de la Disc de Playa, explicó que de acuerdo con el Decreto 357 este se efectúa siempre que a los TCP se les detecta violación de precios. Es un proceso coordinado con la Agricultura y Comercio, para destinar las mercancías a plazas idóneas dentro de la localidad, como pueden ser mercados estatales, hogares para niños sin amparo familiar, y otros espacios.

“Cero tolerancias es nuestra política”, señala la directiva, quien reconoce el acompañamiento de otras entidades empeñadas en acorralar cuanto afecte a la ciudadanía.

Vigentes hasta junio hay dos listados de precios: uno para TCP, carretilleros y concurrentes en mercados de oferta-demanda, y otro para mercados agropecuarios estatales y del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT). Aunque la diferencia entre uno y otro no es muy notable, los particulares justifican el alza del monto a pagar por sus mercancías en que sus proveedores también han encarecido las ofertas, y que el Estado tampoco les asegura ni cantidad ni variedad; una realidad a la cual le urgen soluciones para que no cierren más negocios.

Ceñirse a lo establecido, elevar la vigilancia, soluciones menos burocráticas y mayor protagonismo popular a la hora de denunciar, repercutirá en que no sea el pueblo quien pague a precio de oro.

*Para realizar quejas o denunciar violaciones puede llamarse a las Disc municipales dada la posibilidad de actuar de inmediato ante la ocurrencia de un hecho; también al Gobierno mediante el 78015300 y 78015548, al departamento de Atención a la Población de la Disc Provincial a través del 7873-6291, o dirigirse a su sede en la calle Lucena, # 222, esquina a Neptuno, municipio de Centro Habana.

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