El Taller de alineación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, Nutrición (SSAN) y las Estrategias de Desarrollo Municipal, sesiona en La Habana desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre con la participación de delegados de diferentes provincias y ponentes de varias instituciones.
El taller tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de capacidades para la implementación de la Ley SSAN en el marco de la Estrategia de Desarrollo Municipal.
Una de las ponentes de la primera jornada, la profesora Lissette Pérez Hernández, de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, presentó la regulación jurídica de la Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Por su parte, el doctor Carlos César Torres Páez, director del Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (#CEGESTA) de la Universidad de Pinar del Río, presentó la Propuesta Metodológica para la gestión de los Sistemas Alimentarios Locales (SAL), considerada una herramienta que ayuda a entender cuestiones fundamentales que deben tenerse en cuenta para lograr un resultado satisfactorio en cada uno de los 168 municipios cubanos.
Otros de los temas abordados en el encuentro, en la modalidad de talleres por equipos, fueron el mapeo de actores y programas de desarrollo y qué tipo de contenido debe llevar cada uno de los programas y cuál debe ser su marco temporal.
El taller forma parte de los procesos preparatorios para la implementación de la Ley SSAN -aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en la sesión extraordinaria de mayo de 2022-, que persigue los objetivos de alcanzar la soberanía alimentaria, fortalecer la soberanía alimentaria y nutricional, y garantizar progresivamente el derecho a la alimentación en Cuba.
La Ley 148, de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN) y su reglamento, el decreto 67 del 2022, entraron en vigor el pasado este 28 de octubre y transita por las diferentes fases de su implementación.
Durante la primera etapa, que estuvo orientada a la comunicación social, se crearon grupos de trabajo territoriales, mensajes de bien público sobre la legislación y su reglamento, un plan de divulgación a nivel nacional y la producción y difusión de audiovisuales.
La segunda etapa, enfocada en la creación de capacidades con proyección territorial y comunitaria, incluyó talleres provinciales y municipales de formación de agentes dinamizadores y de elaboración de metodologías y herramientas, además de intercambio con los Organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales.
El proceso consta de una tercera fase para la implementación, con acciones por temas estratégicos.
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