En La Habana las pérdidas eléctricas representan el 18 % de la energía que se consume en el territorio, generadas, en su mayoría, por actos de fraude en el sector privado. La situación no es nueva; sin embargo, durante los últimos meses ha crecido el número de personas que cometen esta violación.

Robar electricidad es robar petróleo, por ello al cliente que se detecte sustrayéndola, sea reiterativo en este acto, o por tener participación en algún hecho de impacto económico a la sociedad, se presentará ante la Fiscalía para someterlo a un proceso penal”, indicó a Tribuna de La Habana la directora comercial de la mencionada empresa, Ingeniera Leisy Hernández.

Puntualizó que no falta el análisis con trabajadores de la entidad, quienes ya sea por estar de acuerdo con el cliente o por inobservancia de los procedimientos establecidos, son responsables y de igual manera deben enfrentar un proceso administrativo o penal.

Cada martes -dijo-, a través del espacio del consejo energético provincial, se realiza una reunión con las organizaciones políticas y de masas de la ciudad, que aportan información sobre ciudadanos cuyos pagos del servicio no se corresponden con sus consumos reales, o que los mismos vecinos tienen conocimiento de ilegalidades en esas viviendas. “A partir de ahí hemos dirigido operativos y en un 70 % de los casos se ha demostrado la existencia de una violación”.

Una acción novedosa aplicada recientemente fue insertar a 50 estudiantes de tercero y cuarto años de la carrera de Ingeniería Eléctrica a realizar sus prácticas laborales; durante cuatro semanas junto al personal de la Empresa visitaron hogares capitalinos en aras de comprobar si la medición y la facturación de esos clientes eran correctos.

Recordó que con el restablecimiento de todo su cuerpo de inspectores desde el inicio de la fase 1 post COVID-19, están comprobándose aquellas rutas donde las ventas de electricidad han bajado entre un mes y otro, así como los clientes que no registran consumos, los tienen bajos, o los han disminución bruscamente.

Otra medida de control ha sido poner en lugares donde radican personas con alto nivel de vida, metros contadores a la salida de los transformadores; dichos metros tienen un alcance para una cuadra y posibilitan conocer si la facturación de los clientes asociados está en correspondencia con la energía entregada. De no ser así realizamos operativos especiales con un personal preparado, para determinar quiénes están cometiendo ilegalidades”, indicó Hernández.

Foto: Lissette Martín

¿Estas acciones recaen en un territorio específico de la ciudad?

-Trabajamos en todos, pues en cada uno hay irregularidades; como es lógico, las acciones se intensifican donde técnicamente se registran los mayores niveles de pérdidas como en los municipios de Marianao, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Regla y Arroyo Naranjo, donde además hay asentamientos conectados ilegalmente a nuestras redes.

“Alguien podría imaginar que La Habana Vieja no los tiene, pues no dispone de espacios libres, pero sí tiene locales que estuvieron deshabitados, las personas los han ocupado y se han conectado a las redes. Por eso en este momento también impulsamos un programa que permitirá registrar todos los casos a los que no se les está facturando la electricidad.

“De conjunto con las organizaciones políticas y de masas de la ciudad interactuamos con todos esos ciudadanos para llegar al convencimiento de que el servicio eléctrico no es gratuito, servirlo genera una serie de costos y cada cual tiene la responsabilidad cívica de efectuar el pago del consumo”.

Al decir de Leisy Hernández, se colocará un contador de energía donde haya posibilidad y de no existir las condiciones se harán mediciones totalizadoras; para ello deberá nombrarse un representante, -lo elegirá la propia comunidad-, quien recogerá el dinero facturado. La Empresa Eléctrica, de conjunto con los vecinos, puede ayudar a determinar cuál es realmente la carga física de cada una de las viviendas, en aras de que las personas conozcan los montos aproximados a erogar.

¿Por qué la Empresa no les hace contrato?

-La contratación depende de que posean la propiedad del inmueble, -muchos de estos son estructuras muy precarias-; tampoco es posible, en algunos casos, ponerle un metro y darle una garantía de servicio eléctrico, pues muchas veces en esos sitios no hay ni siquiera las condiciones estructurales desde el punto de vista civil para colocar postes, tirar un cable primario, un secundario, ubicar transformadores y legalizar las mediciones. En La Habana del Este y Boyeros, donde hay viviendas con mejores condiciones, han ido pasándolas a contratos y a mediciones normales.

“Como empresa no somos responsables de que se hayan fomentado los asentamientos existentes en la ciudad, y sin condiciones estructurales para nosotros poder realizar una inversión; lo que sí es un hecho que la energía consumida debe pagarse”, aseveró Hernández.