Comienza agitado el día en el consejo popular Jesús María, en el municipio de La Habana Vieja, para quienes desde el Sistema de Atención a la Familia (SAF) brindan un servicio para los más vulnerables a la COVID-19, dirigido (fundamentalmente) a familias que poseen bajos ingresos o sufren de enfermedad. Sin embargo, trabajadores del local, aprovechaban la confianza depositada en ellos para ejercer actividades ilícitas. Vecinos indignados no dudaron en denunciar tales actos a la Policía Especializada del territorio.

En un operativo realizado por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Dirección de Inspección, Supervisión y Control (DISC) fue sorprendido uno de los custodios con cinco litros de aceite en la calle. Los delincuentes confesaron la complicidad del administrador en el hecho delictivo. Ante el control realizado por los inspectores se detectaron un grupo de irregularidades que van desde deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias hasta la reducción del gramaje de los alimentos para generar sobrantes.

También se comprobaron violaciones de normas y productos a sacar del área de almacén, hacia el lugar de elaboración. Por ejemplo, mientras en los documentos sí “contabilizaban” los recursos destinados a 145 personas, se elaboraban comidas solo para 100.

El operativo policial, en conjunto con los inspectores, logró neutralizar a cuatro implicados, de ellos tres trabajadores del centro y un vecino residente cerca del lugar de los hechos, quienes están siendo procesados por un delito de malversación.

CASA DE VENTAS ILEGAL

Esta vez el operativo fue realizado en el municipio de Playa, en el consejo popular Santa Fe, donde utilizaban una vivienda para la comercialización ilegal de productos agrícolas. Se comprobó que el propietario del inmueble utilizaba de manera indebida el terreno entregado para otros fines y que vendía, de manera ilegal, mercancías obtenidas -según corroboraron los inspectores de la DISC- a través de camiones que entran de madrugada a la capital.

También se verificó la contratación ilegal de personas que trabajaban en este lugar, sin documentación.

En las balanzas que se utilizaban para el pesaje de los productos se demostró la utilización de monedas ocultas para incrementar el peso de los productos. Al máximo responsable se le formuló una denuncia por Actividad Económica Ilícita, mientas que al resto de los implicados se les aplicaron multas de 2 000 pesos, por no portar documentación legal para ejercer la actividad cuentapropista.

El Consejo de Defensa Municipal acordó que los productos decomisados se distribuyeran en los centros de aislamientos de la COVID-19, en el territorio. Anteriormente a este operativo había cerrado el mercado conocido por Los Lara, sito en la calle 25, por vender carne de cerdo a más de 65 pesos la libra., de ahí que fueran ocupados 630 kilogramos de este producto.

SORPRENDIDOS INFRAGANTI

Transportistas de la Empresa de Gases Industriales fueron detenidos mientras sustraían y desviaban cilindros de oxígeno (Co2) que debían ser empleados como gases medicinales, cuyo uso se incrementa en los hospitales donde se encuentran ingresados pacientes de la COVID-19.

Los delincuentes comercializaban ilícitamente estos recursos a chapisteros, fábricas clandestinas de refrescos, entre otros. El chofer del camión y los estibadores debían entregar en el día 43 cilindros, pero solo 16 llegaron a su destino oficial; sin embargo, se les ocuparon 57 de oxígeno medicinal y Co2. Las autoridades ocuparon también un listado de la distribución del día a personas ajenas a los que verdaderamente debieron de recibir el servicio.

El capitán Yariel Concepción Barroso, jefe de Sección DTI, dijo que los implicados de la Empresa Nacional de Gases Industriales son procesados por un delito de Actividad Económica Ilícita y el trabajador por cuenta propia a donde fue desviado los recursos, por Receptación. Las investigaciones continúan. Los encartados en la cadena delictiva responderán ante la Ley.