Preguntas y consideraciones tan disímiles como casos hay, encontramos en las publicaciones de internautas a partir del 3 de marzo, cuando dimos a conocer la respuesta del Ministerio de Energía y Minas a una lectora sobre el porqué no se abre la contratación para gas licuado.

Nadie pone en duda que, como en otras esferas de la sociedad y la economía, pesan y determinan las limitaciones financieras, pero también es válido que las autoridades pertinentes tengan sobre la mesa las variantes que se dan o a las que tiene que acudir la población para materializar un acto repetitivo e imprescindible como resulta cocinar.

El lector, que se identifica como Iván, cuestiona que los nuevos contratos se detuvieran en 2019, pues reportes posteriores en la televisión informaron acerca de la fabricación de cilindros, una parte de ellos para exportar. Vale aclarar que parar la emisión de contratos no es sinónimo de cero demanda, de ahí que Maruska subraya que quienes no hicieron su solicitud pueden haber tenido múltiples motivos.

Milagros y quién firma con las siglas FMB se refieren al gran número de personas que tienen balitas en su poder sin legalizar, pero que "compran por fuera" a precios que superan los mil pesos y llegan hasta los 2 000, lo cual ha generado una cadena cuya solución -consideramos-, no debe ser botar el sofá ante una demanda que lejos de detenerse, ha ido en aumento, acorde con la creación de nuevos núcleos y entregas de viviendas.

La necesidad los obliga a cometer ilegalidades que no quisieran, tal y como afirma Raúl Podio, desde La Lisa. Varios lectores se quejan de que está irresuelto legalmente cómo o con qué van a cocinar, pues no hay venta de equipos eléctricos y en dos casos se cuestionan por qué no les llega el gas manufacturado si hace tiempo fueron instaladas las tuberías. Sobre el "gas de la calle" como lo llaman popularmente hay opiniones de por qué no se generaliza. Casos puntuales exponen Ezequiel López, Jacinta Pérez y Alex.

El primero pregunta por qué a quienes estuvieron albergados y ya tienen su casa no les autorizan nuevo servicio de gas. Ejemplifica con la comunidad de calle 4ta. y Ocho vías. Los otros internautas son dueños de viviendas compradas donde hubo contrato y les fue retirado el servicio.

Lizandra Rojas recibe dos balitas de gas licuado al año, pues está incluida entre los que pasaron al Programa de Ahorro Energético y debe cocinar la mayor parte del tiempo con electricidad, lo cual se dificulta con las intermitencias en ese servicio. Inquiere si al menos podrían reducirles el ciclo para adquirir el cilindro.

Otro de los varios remitentes no entiende que si los contratos fueron detenidos en 2019, posteriormente le aprobaron el gas licuado a quienes habitan la otrora residencia estudiantil en Micro X, en Alamar. Por supuesto, no faltaron comentarios de internautas de otras provincias.