Cansado de esperar, hacer gestiones y temeroso de que su casa tenga mayores afectaciones, nos escribe el lector Leodegario Lufriú Díaz, vecino de ave. 39, No. 11219, entre 112 y 114, en el capitalino municipio de Marianao.

En su carta a esta sección expone los trámites realizados para que la Empresa del Gas repare los daños causados al portal y el techo de la sala de su hogar, debido a las vibraciones que durante nueve años provocaron los camiones (6,72 Tm) que entraban al punto de venta colindante. Así ocurrió entre 2000 y 2009.

Inició sus quejas por teléfono, en la oficina municipal, siempre con idéntica respuesta: “Cuando pongan el servicio de gas de la calle, el punto será trasladado a otro lugar y se reparará el local y su vivienda”. Lo primero fue lo único que cumplieron.

Leodegario escribió en 2019 a la Empresa de Gas Licuado (EGL) de la provincia y como en un año no recibió contesta pidió ayuda a la Fiscalía General de la República. Al fin los demandados respondieron, solo que con la negativa para reparar los daños ocasionados.

“Envié la misma queja al Ministerio de Energía y Minas y recibí la misma respuesta”, afirma el lector, quien alega que con ello se viola la Constitución de la República de Cuba, según el artículo No. 94, inciso h. Este aparece en el Capítulo VI Garantías de los derechos y expresa: “Toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial como en el administrativo y, en consecuencia, goza de los derechos siguientes: (h) obtener reparación por los daños materiales y morales e indemnización por los perjuicios que reciba”.

Con todo ese arsenal de cono[1]cimientos se dirigió a la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Ministros, donde le recomendaron solicitar un dictamen de daños a la Dirección Municipal de la Vivienda, instancia a la que le reconoce haber trabajado con profesionalidad y en un tiempo mínimo. El diagnóstico admite que los daños fueron provocados por la EGL.

Portando dicho escrito, retornó a finales de octubre pasado a la citada oficina, donde tiene un expediente con los documentos que acreditan todas sus gestiones y respuestas.

Al final de la carta se pregunta cuánto tiempo tendrá que seguir esperando para la solución de su problema, creado por una empresa estatal.

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