Bajo la mesa, bien lejos de la luz

Los delitos de Cohecho, Tráfico de influencias y Enriquecimiento ilícito no son engendros de la modernidad. Toda sociedad que esté estructurada con funcionarios o empleados que brinden servicios públicos corre el riesgo de ser afectada por estos males.

Posiblemente en la Roma republicana (y en la imperial también) existieron personas que concurrieron en estos actos delictivos; o sea, pudieron afectar a cualquier sociedad en la cual tuviera presencia una entidad determinada, regida por un estado, y que cumple una función pública (entiéndase como notarías, casas de contratación, etc). Si bien cambia la denominación, los delitos siguen siendo los mismos. Se complejizan, se dificultan, se vuelven más burocráticos o no, pero continúan siendo ilegales.

El sistema cubano actual no es ajeno a esto. Según afirma Isabel Placer Muñoz, Jefa del grupo del Arquitecto de la Comunidad de la Dirección General de Vivienda, quien trabaja en esta organización desde hace más de 25 años, este tipo de delitos existieron siempre en la sociedad cubana revolucionaria, claro, a menor escala.

En el caso de los trámites de la vivienda, específicamente compra-venta de inmuebles, diferentes personas dedican parte de su tiempo a adelantar trámites a cambio de dádivas (por lo general una suma de dinero, casi siempre, superior a su salario). Por supuesto, esa dádiva sale de los bolsillos del vendedor o el comprador en dependencia de la situación de la casa.

CUESTIÓN DE LEYES

Emma Calderón Arias, profesora de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, y quien ejerció como fiscal durante doce años, agregó que los funcionarios de Planificación Física, Vivienda, son servidores públicos y las penalizaciones de sus actos ilícitos son recogidos por los Capítulos III y IV del Código Penal.

“Específicamente, en caso de aceptar dádivas (estos funcionarios) que le beneficien a cambio de realizar actos relativos a sus funciones incurren en el delito de cohecho, específicamente en los apartados 1 y 2 del artículo 152. Si, en cambio, son ellos quienes ofertan el servicio a cambio de dádivas, son sancionados por el apartado 3 del mismo artículo. En el caso de involucrar a otros funcionarios públicos cometen el de Tráfico de Influencias”, señala Calderón Arias.

Por otro lado, el Dr. Leonardo Pérez Gallardo, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, especializado en Derecho Civil y Notarial y quien ejerció como notario, plantea que el Reglamento del Notariado Cubano prohíbe la aceptación de dádivas de cualquier persona natural o jurídica.

“Un notario es un funcionario que da fe pública a los procesos entre personas naturales o entre una persona jurídica y un natural. Por tanto, si incurre la aceptación o solicitación de dádivas, su sanción se acoge a lo establecido en el artículo 152, apartados 1, 2 y 3 del vigente Código Penal cubano”, expresó Pérez Gallardo.

En el caso de los trabajadores de servicio público, el arquitecto, por ejemplo, son acusados de quebrantar el artículo 150 (Enriquecimiento Ilícito), pues estos aumentan su patrimonio sin justificación legal. Pudieran ser acusados de otros, pero este es el más común y amplio.

Este tipo de delitos son muy difíciles de probar. Pues no basta con la declaración de una persona, se necesitan evidencias físicas (entiéndase documentación, dinero injustificado, más de un testigo) pues las grabaciones de vídeo y de audio no bastan para acusar a un funcionario público; este tipo de pruebas no están percibidas como creíbles ante un tribunal… un pequeño “defecto” del sistema judicial cubano, pues los vídeos pueden ser falsificados al igual que los audios.

Miguel Ángel Peña Silva, Notario del Municipio Especial Isla de la Juventud, explica que realizar trámites en Vivienda, Planificación Física y Registro de la Propiedad puede demorar entre tres y seis meses con un flujo de trabajo normal. Cada institución dispone de entre diez y treinta días hábiles para concluirlo, pero depende de la cantidad de trabajo acumulado.

“Por ejemplo, los notarios trabajamos los trámites por cola, o sea, se acumulan a medida que van llegando las personas, como una lista de espera. En dependencia de cuantos clientes existan en esta lista, más rápido o lento será el trámite. No obstante, por regla, un Notario puede demorarse hasta diez días para realizarlo.

“Al sumarle los 30 días que demora Vivienda, más los del Arquitecto de la Comunidad, más los de Planificación Física, más el tiempo invertido en el Registro de la Propiedad para finalmente legalizar el inmueble, representa un mínimo de dos meses y medio, con muy buena suerte. Menos tiempo lo veo imposible por vías legales”, sentenció Peña Silva.

Este grupo de funcionarios públicos, por lo general, realizan estos “trabajos extras” fuera del horario de trabajo, algunas veces extrayendo temporalmente documentos que deben dormir en sus respectivos centros de trabajo para el día siguiente acuñarlos y legalizarlos, incurriendo así en otro tipo de delitos.

Gabriel Escudero Montes de Oca, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de la Isla de la Juventud Jesús Montané Oropesa, agregó que hubo casos de Notarías con varios notarios en las cuales uno se dedicaba exclusivamente a atender, nunca a los ojos de los clientes, los casos de este tipo que lleguen mientras los otros atendían al público. Después se repartían las ganancias entre todos. Esta labor era rotativa, así todos eran culpables y ninguno podía denunciar.

Otro factor importante es la confiabilidad. Muchas veces son amigos de muchos años, involucran a otros amigos y así sucesivamente hasta crearse una red tan grande que abarca todas las instituciones pertinentes a todo lo largo de su área de trabajo.

Para el economista Juan Triana Cordoví, este tipo de delitos forman parte o tributan a la economía sumergida. Esa economía que, paralela a la nacional, llena los bolsillos de los corruptos.

Estos delitos están, mayoritariamente, asociados a “espacios grises de la regulación” y a que, a veces, la propia cadena de aprobación de un trámite es muy larga, lo cual propicia el espacio para hechos de corrupción.

“La vida ha demostrado que cuando se tiene un sistema de regulaciones claro y transparente, las posibilidades de cometer este tipo de delitos se reducen muchísimo. Esta economía sumergida afecta a la economía nacional desde los primeros incentivos perversos, o sea, obtener ganancias no por el trabajo sino por tus relaciones o por tu capacidad de comprometer a alguien, esa es la principal afectación. Después pasa a un nivel mayor imposible de medir porque no existen estudios en Cuba que calculen cuánto pesa la economía sumergida en la economía nacional”.

LA RAÍZ DEL PROBLEMA

Para el Dr. Leonardo Pérez Gallardo, el problema radica en la concepción del sistema. Los bajos salarios en contraste con el amplio poder para actuar prácticamente empujan a estos funcionarios a cometer un acto delictivo.

“En cualquier otro país del mundo intentar sobornar a un notario es prácticamente un chiste, porque cobran salarios elevados precisamente para evitar que este tipo de hechos ocurran. No obstante, eso solo reduce las probabilidades. Siempre hay quien hecha a un lado su moral por dinero.

“El salario de un notario es de entre 400 y 500 CUP; con un trámite de una compra-venta realizada un día cualquiera, por el cual reciba 20 cuc, iguala el salario de todo un mes de trabajo. El mismo sistema te empuja para quebrantar la ley. Hay que tener una moral bien en alto y un gran respeto por lo establecido para no caer en actos como estos”.

El Lic. Miguel Ángel Peña Silva, sin descartar la opción de Pérez Gallardo, considera que “aunque siempre habrá corruptos, el contexto económico-social actual es la principal causa de estas ilegalidades. A río revuelto, ganancia del pescador”.

La Dirección General de la Vivienda no está ajena a estos fenómenos. Los reconocen y tratan de erradicarlos, pero desde una posición metodológica, pues desde el reordenamiento de funciones en el año 2015, perdieron casi todo su poder ejecutivo. Tanto Isabel Placer Muñoz, jefa del grupo del Arquitecto de la Comunidad, como Arsenio de la Paz, miembro de la Dirección Legal de Vivienda, reconocen la existencia de estos delitos en las direcciones de base. Afirman que específicamente en caso de las compra-ventas no son numerosos, pero existen.

Por el otro lado, Planificación Física también conoce de la existencia de este tipo de delitos y los reconoce como un mal a erradicar. Para ellos, es un problema que vive principalmente en las direcciones de base en los municipios, las cuales violan lo establecido por diversos motivos. Su mecanismo de control (auditorías semanales) ayuda, pero aún es insuficiente.

^{Foto tomada de Bohemia}

Tanto Vivienda como Planificación Física tienen un plazo de treinta días para darle respuesta a una solicitud. Sin embargo, las condiciones de trabajo de estas instituciones de base en las cuales los trámites demoran por falta de personal, insuficiente equipamiento técnico (las computadoras y las impresoras, a veces, son pocas), y, por supuesto, las pocas ganas de trabajar de algunos influyen a la hora de cometer un delito.

Los funcionarios públicos se plantean un dilema ético frente a propuestas lucrativas, donde la necesidad, o aparente necesidad, tiene todas las oportunidades de triunfar sobre la moral.

También están quienes exigen dádivas a los clientes para llevar un plato de comida a la casa o porque su hijo no tiene zapatos para ir a la escuela. Tanto para los funcionarios públicos como para los empleados, es un delito recibir dádivas de ningún tipo y menos si estas los comprometen a ejercer sus facultades administrativas a favor de estos clientes “benevolentes”.

De todas formas, que se reconozca no significa que este tipo de fenómeno sea permitido. El Instituto Provincial de Planificación Física, como órgano regulador metodológico de estos procesos, realiza auditorías todas las semanas a sus unidades de bases y a distintas Direcciones Municipales de Vivienda. Orientan, controlan y sancionan, de ser necesario. No obstante, estos delitos son complicados de detectar porque quienes los cometen, evidentemente, no denuncian y muchas veces no se reflejan en los papeles.

Ninguno está justificado. Pero habría que repensarse la estructura actual de estos organismos, así como sus mecanismos de control y el sistema retribución salarial.

Perfeccionar el Socialismo significa erradicar los problemas que laceran el desarrollo de la sociedad, y si el gobierno cubano busca vías para salvar un país prácticamente en crisis, los encargados de ejercer funciones públicas deben respetar su labor y ayudar, no convertir nuestra tierra en un paraíso para los delitos.

Una Cuba mejor solo es posible si la corrupción y el fraude son arrancados de la esencia nacional.